Durante el juicio por el caso "Amatitlán", por supuesta corrupción en un proyecto para limpiar el lago de Amatitlán, fue escuchado el testimonio de un auditor de la Contraloría General de Cuentas (CGC) que verificó la compra.
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Se trata de Gabriel Adderley Linares, quien explicó al Tribunal de Mayor Riesgo C que "no era razonable la compra porque el producto no tenía registro sanitario".
Además, afirmó que tampoco se explicaba cómo se utilizaba ni tenía datos sobre la licencia extendida para su elaboración.
El Ministerio Público (MP) indica que la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA) erogó Q22.8 millones en la compra de 23 mil litros de un líquido que serviría para limpiar el agua del lago.
La suma consistía en la primera compra del producto, pues en total se habían destinado Q137.8 millones para realizar el negocio.
Entre los acusados figura la exvicepresidenta Roxana Baldetti, así como su hermano Mario Baldetti Elías y otras 11 personas.
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La lectura es uno de los pasatiempos de la exvicegobernante mientras se desarrollan las audiencias del debate.
CGC vio celeridad en negocio del lago
El pasado 3 de julio, el Tribunal escuchó el testimonio de otra auditora de la CGC.
La profesional explicó que el negocio para compra el producto con el cual se sanearía el lago fue desarrollado con celeridad, comparado con otros procesos de contrataciones y adquisiciones realizados por el Estado.
El proyecto llegó en noviembre de 2014 al despacho del entonces presidente Otto Pérez Molina, para que este le diera su visto bueno y así se pudiera colocar la licitación en el sistema Guatecompras.
Según la auditora, pasaron 24 días entre la solicitud de la opinión a Pérez Molina y el momento en el cual se cancelaron los primero Q22.8 millones por los 23 mil litros.
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