Cuba dio este martes una nueva luz verde al trabajo privado, después de un frenazo de casi un año, ahora aumentando el control y evitando fugas de impuestos en un sector que representa el 13% de la mano de obra del país.
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El diario oficial Granma dijo que la revisión fue necesaria porque "ha sido creciente, en un segmento de estas formas de gestión, la tendencia a la subdeclaración de ingresos, el incumplimiento de los pagos de las cuotas mensuales y la no declaración de todo el personal contratado, unido a la acumulación de deudas tributarias".
En agosto de 2017 las autoridades suspendieron temporalmente la concesión de nuevas licencias, hasta revisar toda la legislación, proceso que terminó con estos ajustes que forman parte de las reformas económicas iniciadas por el gobierno socialista.
"No vamos a retroceder ni a detenernos, ni tampoco permitir estigmas y prejuicios hacia el sector no estatal, pero es imprescindible respetar las leyes, consolidar lo avanzado", dijo el entonces presidente Raúl Castro, quien fue sucedido el 19 de abril en el cargo por Miguel Díaz-Canel.
Los cambios están recogidos en 20 normas que publica este martes la Gaceta Oficial, y en las cuales se reducen los 201 oficios aprobados a 123.
"No se elimina ninguna actividad, sino que se agrupan", dijo la viceministra del Trabajo Marta Feitó, citada por Granma, mientras que fueron aprobadas tres nuevas actividades: "servicio de bar y recreación, panadero dulcero, y arrendador de medios de transporte".
Controles al trabajo
Los nuevos controles están dirigidos fundamentalmente a las actividades de restaurantes, renta de habitaciones, taxis y construcción y reparación de viviendas, que son las de mayor ganancia y empleo de mano de obra.
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De tal manera, los propietarios de esos negocios tendrán que habilitar una cuenta bancaria donde se registren todas sus operaciones, pagar un impuesto del 5% por contratación de mano de obra y justificar la procedencia legal de sus insumos.
Uno de los problemas mas combatidos por el gobierno de Miguel Díaz-Canel es el robo de combustible por empleados estatales y su venta a privados.
Dentro de 150 días, cuando entren en vigor las nuevas normas, los taxistas privados tendrán que justificar el consumo de combustible mediante una tarjeta a través de la cual se le vende a precios menores que en el mercado minorista.
Tras el triunfo de la revolución y después de casi cuatro décadas de una economía mayoritariamente estatal, desde octubre de 2010, el entonces gobierno de Raúl Castro estimuló el trabajo privado, que pasó a emplear de 157.371 personas a 591.456 en mayo de este año, según cifras oficiales. Ello representa el 13% de los ocupados en la isla.
Según el fisco, los trabajadores privados solo aportan actualmente el 5% de sus recaudaciones, mientras las empresas estatales contribuyen con el 86%. El resto corresponde a campesinos y otros sectores.
