El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó este martes su Segundo informe independiente sobre el cumplimiento de los siete compromisos de transparencia fiscal del Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, Guatemala 2016-2018.
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Dicha auditoría confirma avances en compromisos específicos; sin embargo, refleja los retrasos que podrían impedir que se alcancen los objetivos.
Para enero de 2018, de las 34 metas contenidas en los 7 compromisos de transparencia fiscal del Tercer Plan de Acción 2016-2018, 12 están cumplidas; 5 con avance significativo; 7 con implementación en curso; 3 con déficit de implementación y 7 no muestran progreso).
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Los avances en transparencia fiscal resultan opacados por errores y escándalos de corrupción en el Gobierno, destaca el informe.
A diferencia de los resultados del primer informe del Icefi, a varias metas se les venció el plazo acordado para su realización, comprometiendo el cumplimiento de los objetivos.
El ente expresó su "preocupación por la inconsistencia grave entre avances técnicos en transparencia y la opacidad y actitud agresiva del Ejecutivo" al dificultar el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), nuevos escándalos de corrupción y faltas graves de transparencia y probidad como intentos de negar información pública, gastos superfluos, sobresueldos, contratos dobles de funcionarios y otras remuneraciones ilegales, así como el abuso en el ejercicio de la facultad presidencial de exonerar multas e intereses tributarios.
Sin seguimiento
Los Ministerios de Finanzas Públicas y de Educación mantuvieron una agenda de seguimiento; mientras que Salud Pública y Asistencia Social detuvo la “dinámica coolaborativa” tras el cambio de autoridades en 2017.
En tanto, la Superintendencia de Administración Tributaria continuó sin facilitar la interacción con sociedad civil para auditar el cumplimiento del compromiso a su cargo.
El ente considera que estos avances constituyen medidas sin duda necesarias, pero insuficientes para atender adecuadamente las demandas ciudadanas de más transparencia fiscal.
El Instituto resaltó que los avances técnicos en transparencia fiscal continuarán siendo irrelevantes para la ciudadanía y la opinión pública, si el Ejecutivo no las acompaña con medidas concretas que apoyen a las instituciones, nacionales e internacionales, que luchan contra la corrupción y la impunidad.