Comunidades en Resistencia de San Juan Sacatepéquez denuncian ataques y piden apoyo de entidades de DDHH

Representantes de las 12 Comunidades en Resistencia de San Juan Sacatepéquez y Coordinación y Convergencia Maya Waqib Kej se pronunciaron este jueves en conferencia de prensa para solicitar que se investiguen ataques que, según ellos, han cometido “grupos paramilitares” en su contra.

“En los últimos meses los pueblos originarios hemos sido blanco de ataques por parte de (estos grupos) promovidos por intereses empresariales y de megaproyectos, avalados y/o en complicidad con el Estado de Guatemala”, indicaron.

Aseguraron que el pasado martes se registró un incidente en el área conocida como “el Puente”, entre San Fe Ocaña y Cruz Blanca, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala, que habría dejado por lo menos 17 personas heridas tras ser atacadas por personas que ocultaban sus rostros.

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Según explicaron, los pobladores que mantienen la resistencia pacífica en ese lugar contra las operaciones de una empresa cementera fueron agredidos en horas de la tarde por casi 70 encapuchados, quienes habrían utilizado armas de fuego y blancas

“Niños, ancianas, mujeres embarazadas se vieron en medio de un ataque violento que ha repercutido física y emocionalmente en las y los comunitarios. Los heridos fueron trasladados a diferentes centros asistenciales”, indicaron.

Ante ello, solicitaron la intervención del Ministerio Público (MP) para que lleve a cabo las investigaciones necesarias para dar con los responsables materiales e intelectuales de estos hechos.

A criterio de las organizaciones, “la violencia y el terror ha ido en aumento en los últimos meses, se han valido de la impunidad para actuar en contra de los pueblos”. En ese sentido, resaltaron el país salió recientemente de un“largo” conflicto armado interno y estos hechos “no pueden estar sucediendo”.

Otras peticiones

Las comunidades exigieron a los Ministerio de Gobernación y Defensa el retiro del personal de la Policía Nacional Civil y de las fuerzas castrenses que permanece en el lugar del conflicto.

Solicitaron al Ministerio de Energía y Minas “el respeto de la voluntad popular expresada en la consulta comunitaria” realizada en 2007.

Y además, pidieron que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y la Procuraduría de los Derechos Humanos les brinden acompañamiento permanente para resguardar su vida e integridad, pues aseguraron que entre enero y julio de este año al menos diez dirigentes campesinos, defensores del territorio y de los derechos humanos han sido “asesinados con crueldad”.

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