El diálogo con el que Nicaragua busca superar la crisis que deja 180 muertos en dos meses de protestas antigubernamentales está nuevamente sumido en la incertidumbre, tras acusaciones de que el gobierno de Daniel Ortega incumplió su compromiso de invitar organismos de derechos humanos al país.
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Los obispos católicos, mediadores en el diálogo entre el gobierno y la oposición, suspendieron la sesión programada para este martes en Managua y avisaron que las pláticas serán retomadas cuando el gobierno invite a los ente que deben ayudar a investigar la violenta represión de las protestas.
"Cuando el gobierno nos envíe copia de esas invitaciones y los organismos internacionales nos transmitan su recepción" se convocará a la reanudación del diálogo, dijo la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) en un comunicado la noche del lunes.
El gobierno y la Alianza Cívica por la Democracia habían acordado el viernes invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y a la Unión Europea a ayudar a investigar la situación de violencia.
Pero la alianza opositora, que agrupa a empresarios, estudiantes y sociedad civil, se retiró el lunes de las mesas de diálogo tras reclamar al gobierno el incumplimiento de ese acuerdo.
Los obispos, en tanto, consideraron de "vital importancia" solicitar a la CIDH que envíe "urgentemente" asesores técnicos para los trabajos de la Comisión de Verificación y Seguridad.
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Esa entidad creada en el marco del diálogo será la encargada de investigar los crímenes ocurridos durante las protestas, que en dos meses suman 180 muertos y más de 1.000 heridos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
El canciller Denis Moncada, jefe de la delegación oficial, alegó razones "burocráticas" para no haber cursado las invitaciones, según dijo Carlos Tünnerman, delegado de la sociedad civil en las conversaciones.
"Necesitamos que esos organismos estén en el país como garantía" de que lo acordado tenga cumplimiento y de que termine la violencia contra la población, dijo la dirigente del Movimiento de Mujeres, Azhalia Solís.
