El Departamento de Estado estadounidense aprobó la extradición del expresidente panameño Ricardo Martinelli, requerido en su país por acusaciones de espionaje, informaron sus abogados.
"El aviso de entrega ya fue firmado por el Departamento de Estado", dijo el abogado Sidney Sittón.
Poco antes, el Departamento de Estado había enviado una carta a los abogados en la que rechazaba los argumentos presentados por Martinelli para evitar su extradición.
Entre los argumentos rechazados está lo relativo al supuesto riesgo que corría el expresidente de ser torturado si era enviado de vuelta a Panamá, dijo otra letrada del equipo de Martinelli en Miami, Nathalie Santos.
Pompeo lo envía a casa
“El secretario de Estado (Mike Pompeo) tomó la decisión de aceptar la extradición”, dijo Luis Eduardo Camacho, portavoz de Martinelli.
“Estamos preparados legal y políticamente para enfrentar esto en Panamá”, agregó en comunicación telefónica desde la nación centroamericana.
La abogada del expresidente, Inna Shapovalov, confirmó también a AP que el gobierno estadounidense había resuelto extraditarlo.
Martinelli, detenido en una prisión federal de Miami desde hace un año, había solicitado formalmente al Departamento de Estado que rechazara el pedido de extradición alegando que podría ser torturado si era devuelto a Panamá.
El pedido lo efectuó el 15 de mayo y el gobierno estadounidense tenía 60 días para tomar una decisión.
Camacho dijo que Martinelli podría ser enviado a su país a partir del lunes después de que Estados Unidos y Panamá coordinen los detalles.
Las acusaciones
El pedido de extradición se fundamenta en cuatro acusaciones según las cuales durante su presidencia Martinelli compró equipos especiales a dos compañías israelíes para crear un presunto sistema ilegal de interceptaciones de conversaciones de más de un centenar de personas.
Entre las personas espiadas están varios de sus opositores políticos, líderes sindicales, empresarios y periodistas críticos de su administración. El exmandatario niega esos cargos.
Martinelli, un acaudalado empresario de 66 años que gobernó entre 2009 y 2014, alega que las acusaciones son producto de una persecución política de su sucesor, Juan Carlos Varela, quien fue ministro y vicepresidente durante su gobierno.