La Sala de lo Constitucional hondureña rechazó un recurso interpuesto por un grupo de abogados para declarar inconstitucional la Misión de Apoyo Contra la Impunidad en Honduras (MACCIH), un organismo de la OEA que acusó a cinco diputados.
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El Poder Judicial informó que "la Sala de lo Constitucional ha concluido el análisis del recurso de inconstitucionalidad presentado sobre el convenio Honduras/OEA que da vida a la MACCIH y por unanimidad de votos ha resuelto que el mismo es apegado a la constitución".
El tribunal dio a conocer la resolución un día después de que la encargada de negocios de la embajada de Washington en Tegucigalpa, Heide Fulton, declaró en un comunicado que su país "espera con ansias los fallos de la Corte Suprema de Honduras relacionados con la constitucionalidad de la MACCIH".
Pide apoyo
Añadió que si bien corresponde a las autoridades hondureñas tomar decisiones sobre los juicios, "cualquier esfuerzo adicional que debilite la capacidad de los hondureños para investigar a los actores de actos de corrupción enviaría una señal clara" de que no se quiere combatir el delito.
La OEA llamó a "apoyar los esfuerzos en favor del fortalecimiento institucional hondureño" luego de que se presentara el recurso.
El recurso fue presentado el pasado 6 de marzo por un grupo de abogados en representación de cinco diputados acusados en diciembre por fiscales hondureños, con apoyo de la MACCIH, de desviar a sus cuentas personales fondos públicos asignados por el gobierno para que ejecutaran obra sociales.
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La MACCIH fue creada el 19 de abril del 2016 a petición del presidente Juan Orlando Hernández, quien pretendía neutralizar manifestaciones multitudinarias que exigían su renuncia.
Las protestas comenzaron tras comprobar la fiscalía el desvío de 330 millones de dólares del Seguro Social y que el gobernante admitiera que decenas de miles de dólares entraron sin su conocimiento a la campaña que lo llevó al poder en las elecciones del 2013.
Síntoma regional
En Guatemala, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha sido objeto de señalamientos y campañas de desprestigio por parte de sectores que adversan su accionar.
La CICIG, por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, ente directamente relacionado con el Ministerio Público ha investigado casos de corrupción que han impactado la política nacional.
Entre los más importantes están el Caso La Línea, que provocó la salida adelantada del gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti.