La oposición de cinco integrantes de la comisión extraordinaria de elaborar una iniciativa de ley para modificar parte del artículo sobre financiamiento electoral ilícito aplazó la firma del dictamen.
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El desacuerdo de los diputados de Convergencia, Fuerza, Movimiento Reformador, UCN y URNG es que no se incluyeron condenas inconmutables en el borrador que presentó el presidente de la sala de trabajo.
“Se debe colocar la palabra consentir, tal como es, quien apruebe recibir, porque tenemos que buscar otra forma de decirlo”, justificó Rudy Castañeda, de la UCN.
La discusión
En el borrador que presentaron ayer en la última reunión se redactó que será sancionado con prisión de uno a cinco años y una multa de Q20 mil a Q100 mil quien resulte responsable de consentir y recibir aportaciones para actividades permanentes o de campañas electorales y no las reporte a la organización política para su registro contable.
Mientras que los financistas que entreguen aportaciones dinerarias o en especie a los partidos políticos o sus candidatos sin registrar su identidad como lo establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos recibirán una sanción de uno a cinco años y una multa del 100% de la cantidad que no registró, también será inhabilitado para ser contratista y proveedor del Estado hasta por cinco años o la inhabilitación para cargos públicos.
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Buscarán las firmas
• El presidente de dicha comisión, Rodolfo Castañón, comentó que se enviará a las oficinas de los diputados con el cambio propuesto por los congresistas Manuel Conde y Rudy Castañeda, para entregar hoy la propuesta en Dirección Legislativa con lo menos nueve firmas.
“Resguardo de intereses particulares”, análisis de Ricardo Barreno, del Incep
Lo particular de la discusión de la reforma de financiamiento ilícito recae de que en principio dicha modificación es un pretexto de los congresistas para resguardar tanto las prácticas ilegales que pudieron haber cometido, como también a las personas que financiaron las campañas, lo cual se entiende, pero discutiendo cuál es el espíritu de la reforma no se observan avances significativos porque no hay una sanción penal al que recibe u otorgue financiamiento y eso hace que los diputados no deseen un desgaste político en el contexto que se vive en el país. Existen altas probabilidades de que el cambio sea aprobado por la coyuntura y el actuar de actores externos del Congreso, como es la pronta salida de la fiscal general, Thelma Aldana, donde se presenten más casos de corrupción y financiamiento ilícito y así proteger sus intereses particulares, como lo es la propuesta de reformar el transfuguismo.
