El gobierno guatemalteco avivó este lunes la pugna que mantiene contra la fiscalía y una comisión antimafias de la ONU, al acusarlas de cometer en 2016 un "allanamiento ilegal" en la Casa Presidencial y ordenó una investigación contra el personal de la misión internacional.
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Por medio de un vídeo difundido en redes sociales, el gobierno señaló que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cometieron en noviembre de 2016 "abuso de autoridad" y "allanamiento ilegal" al ingresar a las oficinas de la seguridad presidencial.
En el vídeo se muestra un forcejeo entre guardias presidenciales y fiscales que tratan de ingresar por el acceso de vehículos en la Casa Presidencial. La denuncia además señala que la fiscalía y la Cicig realizaron el operativo con una orden de un juez pero con una dirección diferente.
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, mantiene hostilidades con el MP y la Cicig desde agosto pasado, luego de que ambos entes pidieron quitar la inmunidad del gobernante para investigarlo por sospechas de que financió su campaña con fondos ilegales.
El vocero presidencial, Heinz Hiemann, dijo a periodistas que el caso no se había hecho público debido a que se ventilaba "por la vía diplomática" con Naciones Unidas, pero se decidió denunciarlo "por las demoras y dado los acontecimientos que se han venido dando coyunturalmente".
El jueves, la fiscalía y la Cicig presentaron un nuevo caso contra Morales por haber recibido supuestamente casi un millón de dólares de importantes empresarios para su campaña que no fueron reportados a la autoridad electoral.
Una vocera de la fiscalía dijo este lunes a la AFP que no se cometió ninguna ilegalidad durante ese operativo, aunque no precisó el motivo de esas diligencias.
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El colectivo Justicia Ya difundió en Twitter declaraciones que Morales dio a la prensa después de ese operativo donde señaló que Casa Presidencial no había sido allanada y que "abrieron las puertas" para la revisión en la oficina de seguridad presidencial.
Los activistas sostienen que el presidente "cambia de versión a conveniencia" para desacreditar a la fiscalía y la Cicig.
Carlos Martínez, secretario general de la presidencia, añadió que se solicitó a la Procuraduría General de la Nación iniciar una investigación hacia el personal de la Cicig para revisar su "actuar" y si "están respetando" el convenio con Guatemala.
La tensiones del presidente con la Cicig provocaron en septiembre una crisis tras el intento fallido de Morales de expulsar al exjuez colombiano Iván Velásquez, jefe de la comisión y figura clave en una lucha contra la corrupción iniciada en 2015 con la renuncia del entonces presidente, Otto Pérez (2012-2015), involucrado en una red que recibía sobornos en las aduanas.
