“Dos le vale, seño, dos le vale”, advierten los ayudantes a los pasajeros antes de abordar una camioneta en el Trébol, en la zona 11; esto se repite en las diferentes rutas en la capital, pese a que la tarifa autorizada por la Municipalidad de Guatemala es de Q1.10.
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Resignados por la necesidad, los pasajeros optan por pagar la tarifa que imponen los pilotos. “Cuando les da la gana, algunos cobran hasta Q3”, menciona un pasajero que espera la ruta Terminal, en la 10a. avenida y 18 calle, en la zona 1.
“La Municipalidad ya nos autorizó cobrar Q2”, le responde un piloto de la ruta 101 a un pasajero que se queja del abuso cuando se subió a la unidad en la zona 9.
Sin embargo, Carlos Sandoval, vocero de la comuna de Guatemala, lo desmiente y asegura que lo autorizado de lunes a sábado es de Q1.10, mientras que domingo y días festivos, Q1.25.
Supervisión
Sandoval explica que la Superintendencia de Transporte Público (STP) lleva a cabo diversos operativos para regular el cobro del pasaje.
“Los agentes de la Superintendencia de Transporte Público les preguntan a los usuarios cuánto les cobraron, si no respetaron la tarifa se obliga al piloto a que devuelva el excedente y se le impone una multa de Q250”, comenta el vocero.
Actualmente, la Municipalidad de Guatemala ha otorgado 109 rutas, en donde operan 3 mil 221 buses, entre ellos 445 del Transurbano. Según registros de esa comuna, desde el año 2010 a la fecha se han emitido 160 mil multas, lo que representa un promedio de 1,900 multas mensuales, de las cuales, el 65 por ciento corresponde por el cobro excesivo del pasaje, y el resto por otras faltas.
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El número
- 1,900 sanciones emite mensualmente la comuna.
Análisis
“Es una constante en todo el servicio de transporte urbano y se repite en el extraurbano, se ha insistido con las autoridades para que regulen esta situación tan incómoda para los guatemaltecos, por lo que se han realizado diversos operativos, pero estos no son suficientes, es por ello que debe haber un cambio radical al cobro del transporte.
Los pilotos justifican el abuso de tarifas por el cobro de extorsión que son víctimas; sin embargo, las municipalidades deben tener un cambio radical para supervisar el servicio porque afecta a miles de personas, quienes cada día se dirigen a sus trabajos o centros de estudios”. Édgar guerra, Defensoría de los Usuarios del Transporte Público de la PDH.
