Resaltan importancia de reformar la manera como se financian los partidos políticos

El hecho de que el financiamiento electoral surja de fuentes privadas, lícitas o ilícitas, hace que posteriormente los partidos al tomar posesión paguen ciertos factores políticos, consideran expertos.

Por Nancy Alvarez

Las declaraciones brindadas por el colaborador eficaz Juan Carlos Monzón en la audiencia de anticipo de prueba del caso Cooptación del Estado fueron analizadas este viernes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas. Como invitados en cabina participaron los analistas políticos Juan Callejas y Gerson Sotomayor.

Los expertos también analizaron el tema del financiamiento electoral ilícito, el proceso de elección a fiscal general y aspectos relacionados con la lucha contra la corrupción e impunidad en Guatemala.

En su testimonio, Monzón indicó que en 2015, durante un viaje en Corea, se enteró de una orden de captura en su contra, esto un día antes de que fuera emitida en Guatemala. Además, reveló que fue el expresidente Otto Pérez Molina quien alertó a la ex vicemandataria Roxana Baldetti sobre lo que ocurría.

Callejas opinó que el hecho de que fuera el mandatario quien filtrara la información, muestra el nivel de mentalidad delincuencial que existía. “Nunca pensamos ni podíamos tener idea de que estábamos llegando a los niveles delincuenciales de usar el poder del Estado para contribuir con la delincuencia y el crimen organizado”, dijo al hacer referencia a que la ciudadanía tiene cierta corresponsabilidad porque votó para elegir a esos gobernantes.

Lo que a Callejas más le ha llamado la atención hasta este momento del testimonio de Monzón, aunque se habla de montos grandes de dinero y que hacen falta para el estado, es “la bajeza, lo vil y lo inmoral, profundamente arraigado en personas que se supondría merecían la confianza”.

Por aparte, Monzón informó que el día en el que el exministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, tomó posesión en el cargo le entregaron un lujoso regalo que constaba de un reloj marca Rolex, valorado en 12 mil dólares.

Sotomayor indicó que este tipo de regalos son dádivas que se entregan para quedar bien con el funcionario, con el objetivo de que este responda de tal manera. “Esto es el pago de favores políticos. Un funcionario difícilmente debería de permitirse recibir este tipo de regalos sumamente costosos, viniendo de quien vengan”, expresó.

El analista no descartó que incluso de parte de quien recibe esos artículos de alto valor pueda existir el delito de enriquecimiento ilícito, porque no puede justificar de dónde puede obtener algo de esa naturaleza.

Financiamiento electoral ilícito

Pero gran parte de las acciones de corrupción y la entrega de dádivas surgen del financiamiento electoral, mismo que según los analistas, debe regularse. Cabe mencionar que actualmente se está discutiendo en el Congreso la modificación del artículo 407 “N” del Código Penal, que aborda este tema.

Este artículo detalla textualmente: “La persona individual o jurídica que aporte, reciba o autorice recibir recursos destinados al financiamiento de organizaciones políticas o sus candidatos, con motivo de actividades permanentes, de campañas y eventos electorales, a sabiendas que dichos aportes o recursos provienen del crimen organizado, lavado de dinero o cualquiera otra actividad calificada como delito por el Código Penal y demás leyes conexas, será sancionado con prisión de cuatro a doce años inconmutables y multa de doscientos a quinientos mil Quetzales”.

“Se considera asimismo, financiamiento electoral ilícito, toda contribución recibida en forma anónima, y las que no se registren en el libro contable que para el efecto deberá llevar la organización política”

“La sanción se incrementará en dos terceras partes cuando el delito sea cometido por quien ejerza empleo, cargo público o cargo de elección popular, además de la pena impuesta, se le inhabilitará para optar a cargos públicos”.

Según Sotomayor, el Legislativo no debe derogar el segundo párrafo de ese artículo, sino que debe contemplarse dentro del mismo los distintos temas relacionados con el financiamiento electoral y no que generar nuevos artículos.

Tanto el que da como el que recibe financiamiento sin ser registrado y sea cual sea su origen, deberían ser perseguidos, tomando en cuenta aspectos de proporcionalidad, racionalidad y justicia, añadió.

El analista consideró que la pena aplicada a lo que detalla el segundo párrafo del artículo debe ser menor a lo indicado en el primero, en donde se habla de dinero de origen ilícito.

Mientras que Callejas consideró que el debate debería enfocarse no solo en modificar un artículo, sino en establecer si el financiamiento de los partidos políticos seguirá igual que hasta ahora, proviniendo de fuentes privadas, o si este debería surgir del Estado para evitar que posteriormente, los partidos que lleguen a gobernar, tengan que pagar facturas políticas.

Corrupción

Callejas dio a conocer algunos resultados de estudios realizados por entidades internacionales. En uno de los informes se establecen los niveles de desconfianza y se detalla que Guatemala solo el 13 por ciento de habitantes confían en otro guatemalteco, lo cual considera es muestra del deterioro social.

En tanto, en resultados de un informe del año pasado, se observó que para los guatemaltecos a nivel nacional, la corrupción es el quinto problema en su vida. “No es la prioridad, a pesar que sí se tiene una percepción de que hay corrupción en todos lados”, dijo.

Mientras que, con base a un estudio del año 2015, se indica que el 24 por ciento de los adultos guatemaltecos piensa que el Estado le está entregando buenos servicios.

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