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Capturan al presunto autor del asesinato de Berta Cáceres

David Castillo Mejía fue capturado este viernes justo cuando intentaba abandonar el país a través del aeropuerto Ramón Villeda Morales, de San Pedro Sula.

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El expresidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. es señalado como el presunto asesino intelectual de la ambientalista y líder indígena,Berta Cáceres, el 3 de marzo del 2016.

De acuerdo con la investigación efectuada por los agentes de Del Departamento de Delitos Contra la Vida, de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Castillo fue el encargado de la logística y brindarle recursos a uno de los autores.

El equipo logró vincular al detenido en el crimen de Berta Cáceres mediante pruebas de inteligencia y  técnicas científicas desde hace dos años.

Van ocho detenidos

Ocho sospechosos han estado detenidos, al menos cuatro de ellos empleados de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), una compañía señalada reiteradamente por la dirigente indígena lenca de amenazarla de muerte.

Este viernes, la Fiscalía informó en un comunicado que agentes policiales "han efectuado la captura del noveno implicado en el crimen de la ambientalista".

"Se trata del ingeniero eléctrico Roberto David Castillo Mejía por el delito de asesinato como autor intelectual en perjuicio de Cáceres y quien en el momento del crimen fungía como presidente ejecutivo de DESA", añadió.

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Según la Fiscalía, Castillo fue "el encargado de proporcionar la logística y otros recursos de los autores materiales ya procesados".

La ambientalista, que murió a los 44 años, encabezó bloqueos en la calle en protesta por la construcción por parte de DESA de una represa del proyecto Agua Zarca en el río Gualcarque, que baña el montañoso territorio de sus comunidades.

Cuando pistoleros llegaron a matarla a su casa, en la comunidad de La Esperanza, al oeste del país, entre la medianoche del 2 y la madrugada del 3 de marzo del 2016, Cáceres tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, debido a las amenazas.

Ejecutivos de DESA han rechazado, mediante comunicados, su participación en el crimen.

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