La ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo, y su cuñado, Mauricio Mora, fueron detenidos este miércoles en el marco de una investigación por un caso de corrupción, señalados del delito de malversación de fondos.
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Según medios locales, Bonilla Lobo, esposa del expresidente hondureño Porfirio Lobo, es investigada por la supuesta sustracción ilegal de poco más de 12 millones de lempiras (unos 510 mil dólares) de la cuenta de la oficina del Despacho de la Primera Dama, seis días antes de que su esposo entregara la Presidencia, en enero de 2014.
Ultima Hora #Radiohrn. Trasciende la captura de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo. pic.twitter.com/jRzDP8jDuO
— Radio HRN (@radiohrn) February 28, 2018
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Agentes de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturaron a la mujer en la casa en la que vive con su esposo, en la zona residencial conocida como “El Chimbo”, 5 kilómetros al este de la capital.
En conferencia de prensa, la jefa interina de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y Impunidad en Honduras (MACCIH), Ana María Calderón, detalló que fiscales de esa institución de la OEA detectaron que el despacho de la primera dama movió más de 94 millones de lempiras (unos 4 millones de dólares) entre 2011 y 2014.
Calderón explicó, además, que a esa cuenta del despacho entraron fondos de donaciones, incluyendo 4 millones de lempiras (unos 170 mil dólares) de Taiwán, y que al menos hay otras 9 personas colaboradoras de Bonilla involucradas en los delitos de “malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita”, en lo que la MACCIH llamó “Caja chica de la primera dama”.
El estatal Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) informó que otros 150 millones de lempiras (cerca de 638 mil dólares) ingresaron a la cuenta del despacho procedentes del estatal Patronato Nacional de la Infancia (Pani), que recibe presupuesto para atender a la niñez.
El gobierno dijo en un comunicado que “reitera su convicción de que tanto los casos de alto perfil público, como en cualquier otro, los entes de justicia penal deben observar el debido proceso, derecho de defensa y el principio de inocencia”.