Diputados decidirán reforma al financiamiento ilícito electoral

La junta directiva envió a los congresistas la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) donde deja vigente el artículo 407 “N” del Código Penal que menciona sobre el registro de fondos o recursos que reciben los partidos políticos.

Por Joel Maldonado

En la sesión de hoy se tiene previsto que los legisladores voten para decidir el proceso sobre la modificación que exhortó el máximo tribunal luego de rechazar la inconstitucionalidad sobre el financiamiento electoral ilícito.

La propuesta de algunos jefes de bancada es que se cree una mesa técnica donde participen los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, del Organismo Judicial y de la CC, así como organizaciones civiles.

Mientras que otros diputados pidieron que en dicha discusión participen los representantes de todos los bloques legislativos, como sucede en las comisiones de Asuntos Electorales y de Derechos Humanos.

Por el delito de financiamiento electoral ilícito, el Ministerio Público ha solicitado antejuicio contra el presidente, Jimmy Morales, y los diputados Orlando Blanco y Roberto Villate, ya que no declararon aportes económicos que recibieron en la campaña en 2015.

La resolución

Hace dos semanas, por unanimidad, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad rechazaron la inconstitucionalidad presentada por Alberto Antonio Morales Velasco y “exhorta a los diputados para que luego de dicha sentencia y de brindar participación a diferentes sectores de la sociedad, produzcan el proceso para reformar el segundo párrafo del artículo 407 “N” del Código Penal”.

Francisco Quezada, analista del CIEN, resaltó que es necesario hacer una reforma sobre la sanción para lo que se establece en el segundo párrafo, porque en el primero se especifica el destino de los recursos.

Se debe hacer responsable a cualquier integrante del partido, porque puede ser que el secretario general no sepa de algún aporte que recibió un simpatizante, pero en caso de que se aclare el financiamiento privado se convierte en lícito”, agregó Quezada.

Presión obliga a dar marcha atrás

  • Dos días después de haber aprobado reformas de urgencia nacional sobre financiamiento electoral ilícito, los diputados tuvieron que anular dichos decretos.
  • La decisión se debió a la presión que hicieron decenas de ciudadanos al rechazar el denominado “pacto de corruptos”, con el que buscaban librar a Blanco, Morales y Villate, y reducir la conmuta de penas.
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