Tras pasar una década en prisión, una mujer salvadoreña recuperó el jueves la libertad luego de que la Corte Suprema de Justicia le conmutara la pena de 30 años de cárcel tras sufrir un aborto y ser condenada por homicidio agravado.
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En su resolución, el máximo tribunal consideró que la prueba científica no permite determinar ninguna acción voluntaria que condujera a la muerte del bebé que estaba gestando.
Teodora del Carmen Vásquez, de 35 años, ingresó al sistema penitenciario en julio de 2007 y fue condenada por un tribunal de San Salvador en febrero de 2008.
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La Corte defendió su resolución alegando que “existen razones poderosas de justicia, equidad y de índole jurídicas que justifican favorecerla con la gracia de la conmutación”.
“Yo estoy muy contenta de regresar nuevamente con mi familia que durante 10 años y siete meses estuve separada de ellos”, dijo la mujer, luego de cruzar el portón principal de la Cárcel de Mujeres en la periferia oeste de la capital.
Teodora fue recibida por sus familiares más cercanos y más de una veintena de mujeres de organizaciones no gubernamentales que luchan por los derechos de las mujeres en El Salvador
La Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico y Eugenésico, que ha acompañado a la mujer y defendido su inocencia, sostuvo que la conmutación de la pena es importante, pero “no es suficiente porque no reconoce su inocencia”.
Los defensores de los derechos de las mujeres anunciaron que realizan acciones judiciales para demostrar que no cometió ningún delito y se le repare el daño.
Por su parte, la organización Amnistía Internacional señaló en un comunicado de prensa que la liberación debería apuntar hacia el fin de la prohibición total del aborto en El Salvador.
“Las autoridades de El Salvador deben derogar urgentemente esta indignante prohibición del aborto, que ha creado un contexto generalizado de discriminación, dolor e injusticia”, agrega Amnistía Internacional.
Los abogados de la agrupación ciudadana han sostenido que la sentencia contra la mujer carecía de criterio científico y legal y han reiterado que sufrió aborto espontáneo, y que la niña nació sin vida.
El incidente ocurrió el 13 de julio de 2007 en el lugar donde Teodora trabajaba como empleada doméstica. Ella cuenta que sintió dolores de parto y llamó a los servicios médicos de emergencia para que la trasladaran a un hospital pero que cuando esperaba fue al baño y se desmayó. Al recuperar el conocimiento sangraba profusamente y la niña estaba muerta.
De acuerdo con cifras del colectivo feminista, cada año hay más de 25.000 mujeres embarazadas después de sufrir violaciones. Sin embargo, junto a Nicaragua, Honduras y República Dominicana, El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíbe el aborto sin excepciones.
La legislación salvadoreña penaliza todas las formas de aborto, incluso el terapéutico, y de realizarlo, tanto las mujeres como los médicos serían juzgados en los tribunales de justicia. De ser culpables podrían ser enviados a la cárcel de dos a ocho años.
No obstante, en casos como el de Teodora, si el delito se cambia a homicidio agravado, aquel provocado en razón del parentesco de la víctima y el victimario, estas mujeres pueden ser condenadas entre 30 y 50 años de cárcel.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico y Eugenésico, ha señalado que en El Salvador las mujeres procesadas por abortos son amas de casa, empleadas domésticas, estudiantes, obreras o vendedoras ambulantes.