Este viernes se analizó en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el nuevo caso de corrupción que investigan el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), denominado “Traficantes de Influencias”.
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Como invitados en cabina participaron Omar Barrios, abogado y director del Centro de Estudios de Derecho (Cede); y Javier Monterroso, exsecretario privado del MP. Mientras que por la vía telefónica se conversó con Abelardo Medina, extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); y Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro.
De acuerdo con las investigaciones, empresarios, exfuncionarios de la SAT y personas externas integraron una estructura criminal que cobraba ciertas cantidades de dinero a empresarios a cambio de acelerar los procesos de devolución de crédito fiscal.
Los invitados coincidieron en que es necesario revisar el funcionamiento de este sistema de devolución y realizar las reformas que correspondan para que sea entregado a los exportadores que en realidad tengan derecho a este, pues anteriormente se han dado otras irregularidades.
Monterroso opinó que la devolución del crédito fiscal es una práctica que está en ley, pero que ha sido cuestionada por algunos economistas, pues se han dado casos en los cuales se presentan facturas falsas de parte de los exportadores.
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“Se debe revisar este modelo, es algo que ya no funciona, se ha prestado a muchas falsedades”. “Se está creando un Estado criminal, que solo funciona si hay coimas por detrás”, manifestó.
Abelardo Medina, exsuperintendente de la SAT, coincidió en que debe hacerse público el listado de las empresas que realizan ese trámite para que se conozca el orden en el cual hicieron su solicitud.
“Mientras la gente no conozca cuál es el orden, se permite la discrecionalidad”, expuso.
De igual forma, explicó que el problema de la presa en la devolución fiscal no lo causa la SAT, sino el Ministerio de Finanzas cuando no asigna la cantidad necesaria de recursos para poder entregar los fondos a los proveedores.
Según el exfuncionario, la ley establece que Finanzas debería trasladar como mínimo el 8% de lo recaudado de IVA todos los años para que la SAT proceda a la devolución; sin embargo, el año pasado solo se trasladó el 6.2% de lo recaudado, lo que hace que se acumulen solicitudes que no se pueden atender.
Por su parte, Carla Caballeros manifestó que la SAT tiene una presa de más de Q3 mil millones que no ha devuelto a todos los exportadores del país.
“Es como tener dinero en el banco, pero tiene un límite porque no puede utilizarlo porque SAT dice todavía no puedo devolverlo”, dijo.
A su criterio, el proceso debe ser más efectivo y se debería aprovechar este momento, cuando recién salió a la luz este nuevo caso, “para poner el ojo y abrir el debate sobre la funcionalidad que tiene el sistema actual de la devolución del crédito fiscal, que castiga a empresas grandes y pequeñas”.
Acerca del caso “Traficantes de influencias”
Omar Barrios señaló que con este nuevo caso las autoridades envían un mensaje “bien grande” en el que se señala que sí hay combate directo a la corrupción, pues se está tocando a “empresarios importantes.
Si bien aseguró que se trata de un mensaje positivo, también es algo confuso, pues a su criterio es un “delito equivalente a pagar por la cola de Migración, porque no están determinando si el crédito fiscal es real o no”.
Hasta ahora se conoce que los empresarios sí tenían derecho al crédito fiscal, y pagaron por pasar el expediente al frente de las solicitudes.
“Es diferente defraudar al Estado extrayéndole el dinero, a reclamar dinero al que tienen derecho, pero de forma ilícita”, dijo el abogado.
En tanto, Monterroso opinó que no es tan sencillo como hablar de pagar por estar adelante en una fila para un trámite. “Había una estructura con personas afuera de la SAT, pero exfuncionarios y una estructura dentro de la entidad que llegaba hasta lo más alto, con el superintendente”, refirió.
El MP y CICIG están dando casos paradigmáticos y llevando a cabo investigaciones que vienen a desincentivar a quienes pretendan cometer acciones ilícitas.
