Trasladarán caso de diputado Julio Juárez a un Juzgado de Mayor Riesgo

La Fiscalía solicitó que el expediente fuera conocido por Miguel Gálvez, tomando en cuenta que es el juez natural del caso, pues es quien conoce el proceso contra los primeros señalados de la muerte de los comunicadores.

Por Nancy Alvarez

El Juzgado Octavo Penal aceptó el memorial presentado por el Ministerio Público (MP), por lo cual el expediente del diputado Julio Juárez, señalado en el crimen contra dos periodistas, será trasladado al Juzgado de Mayor Riesgo B.

La Fiscalía solicitó el pasado 29 de diciembre que el expediente pasara al referido Juzgado, a cargo de Miguel Ángel Gálvez, tomando en cuenta que fue este el que conoció el proceso del primer grupo de señalados en este caso.

El 10 de marzo de 2015 se registró un ataque armado en el parque central de Mazatenango, Suchitepéquez, el cual dejó como resultado dos comunicadores fallecidos y uno herido. Las pesquisas revelaron que el legislador oficialista sería el presunto autor intelectual.

Las víctimas mortales son Danilo Zapón López y Federico Benjamín Salazar, mientras que Marvin Túnchez Ayala resultó herido de bala.

De acuerdo con investigaciones del MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), existían disputas entre Zapón López y Juárez por temas políticos, por lo cual el entonces aspirante a diputado habría ordenado el ataque contra el periodista.

Sancionado

El pasado 21 de diciembre le fue retirada la visa americana a Juárez. La embajada de EE. UU. en el país anunció por medio de sus redes sociales la medida tomada contra el diputado.

“Estados Unidos sancionó hoy a Julio Antonio Juárez Ramírez de acuerdo con la Ley Global Magnitsky. Continuaremos evaluando a personas alrededor del mundo cuyos actos puedan ser sancionados bajo” la referida ley, señaló.

Y añadió que la Ley Global Magnitsky es una de las muchas herramientas que los Estados Unidos utiliza para combatir la impunidad, tanto en Guatemala como alrededor del mundo.

Además de Juárez se aplicaron sanciones contra otros dos latinoamericanos: un empresario dominicano y el presidente del tribunal electoral de Nicaragua.

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