El 10 de enero de 2018, los 11 sindicados en el caso denominado como “Lavado y Política” conocerán si serán beneficiados con arresto domiciliario.
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Durante una audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Ericka Aifán, los procesados pidieron su libertad condicional por asuntos médicos y de familia, además, porque supuestamente no interfieren en las investigaciones del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Entre los sindicados que pidieron las medidas sustitutivas están los exdiputados Jaime Martínez Lohayza y Manuel de Jesús Barquín; los exalcaldes William Duarte y Basilio Cordero; y Francisco Morales Guerra, alias “Chico Dólar”.
El MP y la CICIG los señalan de ser miembros de una estructura que se dedicaba al lavado de dinero, para después utilizaba para realizar actos de campaña electoral.
El caso
El caso denominado “Lavado y Política” fue revelado en julio de 2015 por el MP y la CICIG.
Las autoridades le dieron seguimiento a una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y determinaron la posible existencia de la organización delictiva que captaba fondos de origen ilícito para financiar campañas políticas.
