Más de un centenar de personas resultaron heridas y decenas fueron detenidas el lunes durante violentos enfrentamientos entre la policía y manifestantes que rechazan una controvertida reforma de las jubilaciones y pensiones que el oficialismo impulsa en el Congreso para reducir el déficit fiscal.
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En un intento de presionar para detener la discusión, los manifestantes lanzaron botellas, piedras y volcaron vallas, mientras el debate parlamentario continuaba la noche del lunes.
El rechazo a la iniciativa que afectará los haberes de unos siete millones de jubilados y pensionados ha generado este lunes una de las protestas sociales más violentas en Buenos Aires desde la crisis económica de 2001.
Por la noche había una tensa calma en los alrededores del Congreso, pero en varios puntos de la capital ciudadanos golpeaban cacerolas y cortaban calles en rechazo al proyecto.
La cifra total de heridos por los incidentes de la jornada ascendió a 149 luego de que la oficina de prensa de la policía reportó 97 agentes heridos con distintos traumatismos.
Entre los lesionados había varios periodistas que fueron agredidos por manifestantes, según imágenes de la televisión local.
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La policía señaló que había detenido a 48 personas, aunque la organización no gubernamental Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) aseguró que eran al menos 54.
Al interior del parlamento, los legisladores debatían el proyecto de reforma jubilatoria impulsado desde el gobierno de Mauricio Macri, que según opositores y sindicatos impactará negativamente en los aumentos que perciben los jubilados.
Con el apoyo de varios opositores, la coalición oficialista Cambiemos logró que 130 diputados se sentaran en sus bancas _uno más de los necesarios_ para comenzar a debatir el proyecto de reforma, que en su punto principal propone una modificación de la fórmula que establece los aumentos periódicos a las jubilaciones en un contexto inflacionario.
Hasta ahora los haberes jubilatorios se ajustan semestralmente tomando en cuenta la evolución de los salarios y la recaudación, pero según el gobierno es inviable para su meta de reducir el déficit fiscal.
Este nuevo índice de movilidad de haberes también se aplicará para calcular el monto de subsidios para familias sin empleo, pensiones por discapacidad y para los ex combatientes de la guerra de Malvinas.
“Haremos todo lo posible para que las prestaciones mejoren, sean previsibles e incrementen el poder de compra para los jubilados”, dijo el diputado oficialista Eduardo Amadeo, presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, durante el debate legislativo.
Uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa es que el aumento previsto para marzo se calculará bajo la nueva fórmula, lo cual significará que los jubilados recibirán un menor aumento que con el anterior cálculo.
“El quórum representa un saqueo a los jubilados, a los pensionados y a las familias argentinos”, expresó el diputado Julio Solanas, del Frente para la Victoria, espacio liderado por la ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015).
“Este gobierno está ejerciendo la violencia con los sectores más indefensos de la sociedad, sacándole un plato de comida a nuestros viejos”, agregó.
Cientos de personas, muchas de ellos ancianos, gritaban cerca del Parlamento: “el pueblo unido jamás será vencido” y ondeaban banderas argentinas.
Los jubilados "no tenemos quién nos defienda”, dijo a The Associated Press Cristina Sanmero, de 70 años. “A mis años tengo que venir acá a defender mis aportes de 30 años. Nos gobiernan ineptos que hacen la más fácil: recortar a los pobres viejos".
Alicia Blanco, una jubilada de 66 años que portaba un cartel que rezaba "Macri para de ajustar, para llevar mi plata a tus cuentas offshore" se quejó que “con este gobierno es una condena ser jubilado”.
La iniciativa es la primera de las reformas económicas, junto con la tributaria y la laboral, que impulsa Macri luego del contundente espaldarazo logrado en las elecciones legislativas de octubre. Pese a ser la fuerza mayoritaria, el oficialismo necesita negociar en el Parlamento con la oposición para sacar adelante las leyes.
El gobierno esperaba contar este lunes con el apoyo de un sector del peronismo opositor en la Cámara de Diputados para aprobar la reforma, luego de que el pasado jueves fracasara una sesión a causa de violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías y del fuerte rechazo político al proyecto.
A cambio de este respaldo, se comprometió a dictar un decreto para asegurar un beneficio adicional para jubilados y pensionados con haberes inferiores a los 10.000 pesos (unos 560 dólares) y para beneficiarios de una prestación que se otorga a familias de pocos ingresos.
Esta compensación, que se abonará por única vez en marzo, alcanzará al 70% de los jubilados y pensionados y al 100% de los beneficiarios de esa ayuda social.
Antes del inicio del debate parlamentario, la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical, comenzó un paro de actividades por 24 horas en contra del proyecto que tiene un dispar acatamiento.
Cientos de vuelos en el aeropuerto de la capital se suspendieron y se espera que a lo largo de la jornada miles de pasajeros resulten afectados por la huelga.
Los metros funcionaban con servicio de emergencia, mientras que autobuses y ferrocarriles circulaban con normalidad.
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