El tema de las bonificaciones económicas que son otorgadas en diferentes instituciones del Estado fue analizado este lunes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
Como invitados en cabina participaron César Elías, subcontralor de Calidad del Gasto Público, de la Contraloría General de Cuentas (CGC); y Manfredo Marroquín, presidente de la junta directiva de Acción Ciudadana (AC).
Los expertos coincidieron en la necesidad de que se elimine la discrecionalidad, pues actualmente depende de las autoridades de cada institución la decisión de otorgar o no un bono a sus trabajadores.
Bono militar
En cuanto al denominado “bono de responsabilidad”, que es recibido por algunos trabajadores y los altos mandos del Ministerio de la Defensa Nacional, e incluso era pagado al presidente Jimmy Morales, Elías explicó que en la Contraloría ya está finiquitado el tema y se determinó que sí tiene sustento jurídico.
Sin embargo, recordó que tras analizar la documentación relacionada con este incentivo, recomendaron que se excluyera al mandatario de los receptores del bono. Además, le solicitaron el reintegro de los Q450 mil que se le habían entregado de parte del Ejército, en nueve cuotas mensuales de Q50 mil.
Según explicó, la forma de proceder es la misma que se ha aplicado de parte de la Contraloría en casos similares, como cuando en detectaron en las clases pasivas que se les otorgó el pago de por jubilación a personas cuando ya estaban laborando de nuevo en el Estado, por lo cual se les requirió el reintegro, que sumaba al menos Q2 millones.
Autoridades del Ejecutivo indicaron en varias ocasiones que el bono se autorizó durante la administración del presidente Alejandro Maldonado Aguirre. Con relación a ello, Elías explicó que el acuerdo que respalda el bono está firmado solo por el exministro Williams Mansilla y no hay ninguna firma del exmandatario.
De igual forma, el subcontralor indicó que de parte de la Contraloría se presentó una acción penal contra Mansilla, pues los auditores consideraron que pudo existir abuso de autoridad.
Y además se recomendó a esa cartera hacer las consultas en el Ministerio de Finanzas y la Procuraduría General de la Nación. “Pagarlo o no depende de las posibilidades financieras del Estado y lo que diga la PGN”, expuso.
Necesidad de reformas
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, aseguró que aunque el pago de las bonificaciones tiene base legal, los funcionarios deberían ser responsables y tomar en cuenta las medidas de austeridad, pues las condiciones del país no se prestan para utilizar de esa manera el dinero público.
Según explicó, en la mayoría de entidades el 90% del presupuesto está destinado a gastos de funcionamiento y apenas el 10% es para inversión.
Asimismo, Marroquín destacó que existe irresponsabilidad de parte de funcionarios, que aunque saben que solo estarán un tiempo en la institución, autorizan nuevos beneficios económicos para los trabajadores y dejan que quien los suceda en el cargo cumpla con estos.
El presupuesto está amarrado a cargas financieras, detrás de las cuales no hay mediación de evaluación de desempeño de los trabajadores, de calidad de los servicios, ni de nada, aseguró.
El subcontralor manifestó que el artículo 29 de la Ley de Presupuesto establece que los funcionarios son responsables de la ejecución del presupuesto en cada entidad. La Contraloría hace las recomendaciones y cada entidad decide si las atiende o no, “estamos atados de manos”, expresó.
Esa discrecionalidad no debería existir, dijeron Elías y Marroquín. A criterio del presidente de AC, esa situación se debería eliminar y eso solo se puede hacer reformando la ley, “porque todo el mundo siempre tendrá un argumento válido para decir que necesita el bono”.
En ese sentido, Marroquín consideró que es necesario hacer una serie de modificaciones a los reglamentos y leyes relacionados con el servicio civil. Para ello, hace falta tener un liderazgo que podría surgir del Presidente de la República o de una “buena bancada” en el Congreso, indicó.
En ello coincidió Elías, quien aseguró que necesario hacer una reforma profunda a todas las normas que regulan relación laboral con el Estado.
El funcionario de la CGC añadió que el tema de las contrataciones también debe ser atendido, especialmente en lo relacionado con el renglón 029, pues la ley de Presupuesto establece que solo se puede tener un contrato en cada entidad, pero hay personas que tienen contratos en varias entidades y sumados los honorarios ascienden a más de Q30 mil.
Sobre ello opinó Marroquín, quien afirmó que el servicio civil en Guatemala “es un desorden completo”.
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Como ejemplo de ese desorden, el experto citó la situación del Ministerio de Salud, en donde señaló que existen al menos 52 sindicatos. Por ello, se cuestionó qué posibilidad real hay de una buena administración cuando hay 52 tipos de organizaciones que están demandando y exigiendo diferentes tipos de condiciones y privilegios, “eso es absurdo”.
A su criterio, Guatemala como país y como administración pública, es digna de ser un caso de estudio acerca de “cómo se logra mantener una estructura viciada, mal formada, durante tantos años”.