Como Cristina Kirchner es senadora, el magistrado federal Claudio Bonadio pidió su desafuero para poder detenerla. El caso pasa ahora a manos del Senado.
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Bonadio, un declarado enemigo político de Kirchner, la acusó de impulsar "un plan criminal orquestado" con Irán para dotar de impunidad a los terroristas imputados por el atentado a la mutual judía AMIA, que causó 85 muertos y 300 heridos en 19994. El caso no tiene ningún detenido.
La orden judicial incluye, además, a su excanciller, Héctor Timerman, y a otros exfuncionarios de su gobierno.
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El pedido deberá ser tratado por la Cámara Alta, donde requerirá para ser aprobado el apoyo de dos tercios de los presentes.
"Disparate jurdídico"
La causa fue impulsada por una denuncia del exfiscal Alberto Nisman, hallado muerto en su departamento el 18 de enero de 2015 en circunstancias aún bajo investigación.
El plan, respaldado por el Congreso en 2012, nunca llegó a ponerse en práctica ante la falta de aprobación del Parlamento iraní.
Kirchner fue citada en octubre por Bonadio, ante el cual presentó un escrito donde rechazó todas las acusaciones que inscribió en una campaña de "persecusión política". Durante su mandato, la expresidenta había denunciado al magistrado federal por mal desempeño.
"Es un gran disparate jurídico. El objetivo de esta persecución judicial es atemorizar a los dirigentes de la oposición en el Parlamento. Quieren a un Parlamento sumiso", había dicho Kirchner a la salida de los tribunales cuando se presentó ante el juez.
El atentado a la AMIA es objeto de una maraña de investigaciones judiciales paralelas.
En una de ellas, el exmandatario y senador Carlos Menem está siendo juzgado por el desvío de la investigación del atentado en un proceso que está en etapa de alegatos y no tiene ningún detenido. Junto a Menem, son juzgados un exjuez federal, dos exfiscales, un excomisario, un exjefe de Inteligencia y un exalto dirigente de la comunidad judía.