Comisión Electoral no incluye propuesta del TSE y remite iniciativa

La falta de consensos en la sala de trabajo legislativa de Asuntos Electorales impidió que desde hace tres semanas se firmara el dictamen con las reformas electorales que impulsaron el Ejecutivo y varios diputados.

Ocho días después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) formalizó su proyecto para actualizar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el presidente de la comisión legislativa, Óscar Argueta consiguió las firmas para el dictamen de su propuesta.

Sin embargo, varios diputados razonaron su voto por estar en contra de algunos artículos como la segunda vuelta para las alcaldías, la fórmula del voto preferente para mejorar la elección de los diputados y la creación de subdistritos.

Desde hace más de 15 días Argueta esperaba tener listo el dictamen, pero por no contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes se retraso su entrega.

Otro de los temas que se incluyeron en la propuesta de los diputados es que se amplíe la participación a más profesionales para ser magistrados del ente electoral, actualmente solo son abogados.

Fernando Linares y Mario Taracena, criticaron que el órgano electoral haya entregado su propuesta a “última hora”, por lo puede que no sea discutida el próximo año, lo cual atrasa su vigencia para las elecciones generales de 2019.

Defienden propuesta

María Eugenia Mijangos, presidenta del TSE, resaltó que aún hay tiempo para la discusión de su propuesta y que se apliquen dentro de dos años.
Las sugerencias de esa institución es la revocatoria de cargos públicos a dos años de haber asumido, como un nuevo método para designar a los diputados.

Pendientes que dejan los diputados

  • Entres los temas que aún deben discutir los congresistas es la elección del secretario y subsecretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, que desde marzo no cuenta con representación para guatemaltecos que viven en Estados Unidos.
  • También los diputados no han logrado los consensos para designar a los relatores contra la tortura, asunto que ha sido señalado en la evaluación periódica anual de la Organización de las Naciones Unidas y de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos.
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