Este viernes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se conversó acerca del proceso de discusión y eventual aprobación del proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2018.
Como invitados en cabina participaron Paul Boteo, director ejecutivo de Fundación Libertad y Desarrollo; y Jonathan Menkos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Los invitados coincidieron en que tanto la propuesta enviada por el Organismo Ejecutivo como el dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, tienen ciertas falencias técnicas que deben ser resueltas.
¿Vía para la corrupción?
Menkos resaltó que la política fiscal y el presupuesto son la “columna vertebral de cualquier proyecto de nación”, por lo cual se necesita que la ciudadanía se involucre en el tema.
Asimismo, resaltó que si se aprueba el presupuesto según el dictamen favorable que emitió la comisión legislativa, se tendrán “caminos muy llanos para la continuada corrupción que hay en el país”.
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Y, de no aprobarse, se mantendría el mismo de 2017, lo cual a su criterio representaría retrasos en las posibilidades de ejecución para el próximo año; y pese a ello, opinó que probablemente esa sería la mejor alternativa si no se modifica lo aprobado por la comisión.
Por su parte, Boteo manifestó que hay un “incentivo” muy fuerte para que se pueda negociar la junta directiva a través del presupuesto u otro tipo de “prebendas” en el Legislativo.
Si se logran acuerdos, los diputados posiblemente aprueben el dictamen que emitió la Comisión de Finanzas, aunque buscarían beneficiarse ellos y no a la ciudadanía, aseguró.
Ello porque, según dijo, se ha notado que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) está tomando acciones para mostrar que es la bancada de oposición, luego de que se le vinculara con supuestas negociaciones con el Ejecutivo.
Deficiencias
Algunas de las deficiencias técnicas que señalaron los entrevistados está sobreestimado el monto de la recaudación tributaria, especialmente en cuanto al Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Añadió que el artículo 94 del dictamen señala una preautorización de algo que podría significar un incremento de la posibilidad de pagos de deuda de arrastre que tienen principalmente los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) para infraestructura pública, pero sin límite. El año pasado sí había un límite que era de Q875 millones.
El dictamen disminuye en Q700 millones los fondos para programas de salud; y para temas de remozamiento, infraestructura, equipamiento y construcción, se incrementa la asignación.
Reduce Q50 millones para la Secretaría de Bienestar Social. En ese sentido, Menkos señaló que lejos de mejorar y fortalecer los centros para menores, se reducen más sus posibilidades.
Y además, contiene Q695 millones de reducción para el pago de deuda pública, refirieron los expertos.