Siete aspectos ponen en riesgo la lucha contra la impunidad

La organización no gubernamental Human Rights Watch presentó el informe “Carrera contra el tiempo, cómo el poder judicial en Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad”, en la actividad participó el comisionado Iván Velásquez, el procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas y el embajador estadounidense Luis Arreaga.

Por Joel Maldonado
Foto: Edwin Bercián
Siete aspectos ponen en riesgo la lucha contra la impunidad

Admiten amparos sin criterios básicos

El primer factor que señalan en la paralización de los procesos penales es la aceptación de amparos, que sin criterios, son admitidos por los jueces. Entre los casos analizados están La Línea, Bufete de la Impunidad, Plazas fantasma, Militares corruptos, Blanco Lapola, genocidio, Myrna Marck y Dos Erres.

Sin acatar los plazos legales

En ocho casos analizados por la organización señalan que los jueces incumplen el plazo para resolver las solicitudes de amparo y recusaciones que presentan los defensores. Según la organización, los encargados de impartir justicia no deben demorar más de un mes. En el caso de “Plazas fantasma” y “Blanco Lapola” la Corte Suprema de Justicia se tardó nueve meses para resolver un amparo.

Burocracia a la orden del día

También se determinó que los jueces y los funcionarios judiciales demoran las recusaciones debido a la burocracia, mayormente después de que se conoce la petición presentada por la defensa. En el caso Bufete de la Impunidad tardó más de 12 meses, por “incongruencias en la foliación y en el domicilio”, señalados por el tribunal.

Esperan resolución

Otro de los contratiempos en los casos es que los togados detienen los procesos mientras se resuelven los amparos o las recusaciones, aunque la legislación establece que no hay obligación para detener el caso. Según los entrevistados, los jueces prefieren esperar porque las acciones pueden ser anuladas si el amparo es resuelto a favor del acusado.

Sin reprogramar las audiencias

Elise Keppler, de la organización de derechos humanos, comentó que en varios casos los jueces reprograman las audiencias hasta para seis meses después de no haber ningún impedimento para continuar el proceso. Por ejemplo, en el caso La Línea, se tardó hasta seis meses para la audiencia, mientras que en el caso de genocidio el tribunal la reprogramó un año y medio después.

Abogados se aprovechan

En la investigación que duró cinco meses se identificó que los defensores utilizan herramientas para detener las audiencias, entre las medidas más utilizadas son los amparos o las recusaciones. De acuerdo con Keppler, tres 175 abogados tienen una multa por la Corte de Constitucionalidad, lo cual suma un total de Q9 millones. La mayor sanción es un pago de Q1 mil, lo que es considerado una multa modesta.

Sin rendir cuentas

Otra de las denuncias hechas en el informe es que ni los abogados ni jueces rinden cuentas por las demoras ocasionadas. En 2016 la Junta Disciplinaria Judicial recibió 111 denuncias contra repartidores de justicia por demoras injustificadas, solo en tres casos se admitió que los jueces incurrieron en atrasos indebidos. El embajador de Estados Unidos en el país, Luis Arreaga, señaló de preocupante las conclusiones del informe.

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