La Asociación de Dignatarios de la Nación presentó este martes una solicitud de antejuicio contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) por la resolución emitida el pasado 26 de octubre con relación a la pena de muerte.
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La máxima Corte dejó fuera del ordenamiento jurídico la aplicación de ese castigo para los delitos de plagio o secuestro, parricidio, magnicidio, ejecución extrajudicial, desaparición forzada y otros ilícitos relacionados con la narcoactividad.
El abogado Raúl Falla, integrante de la agrupación, acudió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para promover la querella penal contra los magistrados por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, prevaricato, resoluciones violatorias a la Constitución.
Facultad del Congreso
A criterio de la Asociación, “los magistrados se atribuyeron la facultad que únicamente le corresponde al Congreso de la República, al pretender limitar de esta forma la aplicación de la pena de muerte, pretendiéndola sacar del ordenamiento jurídico”.
De acuerdo con Falla, el artículo 18 de la Constitución establece la aplicación de este castigo para delitos graves y hechos delictivos de grande impacto social.
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“A través de una inconstitucionalidad pretenden dejar sin efecto una disposición constitucional”, refirió.
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Y añadió que “la situación política y social que vive Guatemala no está para que los guatemaltecos tengamos que sufrir no solo secuestros, homicidios, torturas o violaciones, y que además tengamos que mantener, del producto de nuestros impuestos, a estos delincuentes encarcelados”.
Asimismo, Falla expresó que se accionó legalmente contra la magistrada Gloria Porras para que “deje de abusar en su labor”. “Basta de tanta violación a la Constitución Política de Guatemala”, refirió el abogado.
Falla hizo un llamado para que impere el estado de derecho y la certeza jurídica en el país, e instó “a los 13 magistrados de la CSJ para que le den el trámite debido a este expediente”.
