La fiscalía española pidió este jueves la detención del destituido presidente catalán, Carles Puigdemont, y de cuatro de sus ministros, también depuesto.
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Además, el ministerio público de la Audiencia Nacional solicitó que ocho de los nueve miembros del ejecutivo cesado, que sí fueron a declarar, vayan a la cárcel a espera de juicio.
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La juez Carmen Lamela debe decidir ahora si acepta las solicitudes del procurador. Entre los afectados por la demanda de cárcel incondicional está el depuesto vicepresidente, Oriol Junqueras.
La fiscalía de la Audiencia Nacional pide específicamente que las órdenes se dirijan a las autoridades de Bélgica, donde "se encuentran o al menos han viajado" los concernidos, indicó el documento de la fiscalía.
El escrito alega que Puigdemont y los cuatro consejeros hicieron caso omiso a reiteradas citaciones y llamadas telefónicas.
El consejero (ministro) que podría eludir la cárcel, bajo fianza de 50 mil euros, sería Santi Vila, que dimitió antes de la proclamación de independencia del 27 de octubre y fue el único que respondió a las preguntas de la jueza y la fiscalía en su declaración, a diferencia del resto, que solo respondieron a las preguntas de sus abogados.
En la Audiencia Nacional estaban citados los 14 miembros del gobierno catalán depuesto y, en el Tribunal Supremo, seis diputados catalanes, entre ellos la presidenta del parlamento que aprobó proclamar la independencia, Carme Forcadell.
En contraste, el juez aceptó la solicitud de la defensa de aplazar hasta el 9 de noviembre la declaración de los seis diputados para preparar mejor su estrategia.
Si Puigdemont es finalmente detenido en Bélgica, sería objeto de un proceso de extradición que, dependiendo de su duración, podría hacer que no estuviera de regreso antes de las elecciones catalanas del 21 de diciembre.