Sindicada en el caso Botín señala a Anabella de León de exigirle firmar la planilla

Una de las sindicadas en el caso “Botín Registro de la Propiedad” sorprendió hoy al pedir la palabra para declarar durante el juicio que se encuentra en desarrollo en el Tribunal Décimo Tercero de Sentencia.

Se trata de Gabriela María Caridi Canet, quien dirigió el área de Recursos Humanos del Registro General de la Propiedad, y hoy señaló a la extitular de esa entidad, Anabella de León, también acusada, de exigirle firmar la planilla.

Luego de un año de estar en prisión, Caridi aseguró este jueves que es “inocente” y que “debía obedecer” las órdenes de De León.

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La Fiscalía le atribuye a Caridi los delitos de fraude y falsedad ideológica por supuestamente autorizar plazas “fantasma”. Al inicio del juicio su defensa solicitó la libertad condicional; sin embargo, la petición fue rechazada.

Señala presiones

“La llegada de Anabella de León estuvo irregular. Una vez me llamaron al despacho y estuve con ella. Le llevé unas facturas e informes de la planilla”, relató la señalada.

“La licenciada Anabella me exigió firmar aunque no tenía la autorización sino que era Samantha Mejía”, declaró.

Y añadió: “No queríamos un reparo y mucho menos un proceso penal”.

Asimismo, mencionó que en otra ocasión le llevó de nuevo las facturas e informes de pago y “me dijo que firmara la planilla”.

“Esa gente me rinde informes a mí, firme esa planilla”, le abría dicho la exregistradora, por lo cual ella accedió, según su testimonio.

El juicio

Los sindicados en el caso Botín Registro de la Propiedad enfrentan debate oral y público por distintos delitos, entre estos, fraude, peculado por sustracción y falsedad ideológica.

Son 25 las personas señaladas, incluidos la exregistradora Anabella de León; y Samuel Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales, respectivamente.

Según investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), durante la gestión de De León se habrían autorizado 16 plazas “fantasma”, por las cuales la institución desembolsó Q3 millones.

Asimismo, se habrían realizado pagos por Q150 mil por servicios para actividades que nunca se realizaron.