Entre los sindicados está un exdiputado del extinto Partido Patriota. Comparecerán en un juzgado por los negocios que hicieron con el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi.
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Han pasado 87 días desde que las autoridades desbarataron la estructura criminal que formó empresas de cartón en donde fueron documentados millones de quetzales como sobornos que empresarios dieron al prófugo exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Alejandro Sinibaldi. Cinco prófugos del caso “Construcción y corrupción” decidieron entregarse y comparecer ante la justicia.
La audiencia se prevé desarrollarse el 9 de octubre de 2017 en el Juzgado de Mayor Riesgo D a cargo de Ericka Aifán. Los abogados de los prófugos contactaron con la Fiscalía para informar la situación de sus clientes y que se realice una audiencia de primera declaración, confirmó una fuente judicial.
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El fiscal Carlos Videz también fue notificado y comparecerá en el juzgado para explicar a cada uno de los prófugos los indicios que llevaron a una orden de captura.
Hay un exdiputado
Entre los que decidieron entregarse está el exlegislador del extinto Partido Patriota (PP) José Guillermo Samayoa Soria, conocido empresario constructor. Logró la curul en 2011 por el Listado nacional. Integró las comisiones de Energía y minas, Previsión y seguridad social y Vivienda. Su hermano Otto ya fue detenido y vinculado al caso. También se entregará su contador Denis Elí Marroquín Castillo.
Los otros que comparecerán son Mayra Lissette Marroquín Castillo, José Roberto García Rodríguez y Allen Robert Krebs Wickfor, quienes colaboraron con la estructura de Sinibaldi que fue denominado como “un caso de delincuencia económica de cuello blanco de construcción”.
Delito
Los cinco están sindicados de cohecho activo. El Código Penal explica que se trata de “cualquier persona, que ofrezca u otorgue intencionalmente, directa o indirectamente, a un funcionario o empleado público cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, como favor, dádiva o presente promesa, o ventaja, para si mismo u otra persona, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas”. La pena es de cuatro a diez años de cárcel y el pago de una multa que oscila desde Q50 mil hasta Q500 mil.
La investigación
La Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) plantearon el caso el 14 de julio de 2017. Identificaron tres empresas de cartón que, por medio de la simulación de servicios, facturaban sumas millonarias de dinero provenientes de sobornos.
Dentro del grupo de empresas se detectó que Constructora Benellia S. A., Agropecuaria y Constructora Agua Azul, S. A., y Agropecuaria El Florido, S. A., estaban ligadas a Sinibaldi y eran manejadas por una red de operadores.
Las empresas facturaron de 2012 a 2014 cuando Sinibaldi era el titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) aunque no contaban con los activos fijos (maquinaria, camiones de volteo), personal especializado, ni la infraestructura para realizarlos.
Empresas
Fueron ocho las empresas que se conformaron para lograr obtener comisiones a favor del exministro Sinibaldi Aparicio. Siendo estas: Empresa Asfaltos de Guatemala, Compañía Constructora de Obras Civiles COCISA S. A., Construcciones y Diseño S. A., Constructora Jireh S. A., Constructora Nacional S. A., Ingenieros M y T, S. A., Denis Eli Marroquín Castillo / M&C Construcciones, Conglomerado empresarial, Diseño y Desarrollo de Proyectos de Construcción (D&D Construcciones), y Juan Francisco Sandoval Girón (exviceministro de Comunicaciones), que de acuerdo con la investigación emitieron comisiones millonarias.