El domingo fue un día triste para España, Cataluña y el mundo. Porras, patadas, empujones y balines de goma golpearon a los ciudadanos de la comunidad autónoma que votaba –ilegalmente según la Constitución española- por su independencia. La violencia en su máxima expresión por parte de las fuerzas del orden dieron vuelta al mundo.
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Decenas de policías y guardias civiles cerraron diversos centros de votación y requisaron el material electoral del plebiscito prohibido por el Tribunal Constitucional, que Madrid decidió impedir a toda costa.
Para abrirse paso entre la multitud concentrada en los colegios electorales con el argumento de “protegerlos”, la Guardia Civil actuó con violencia, en ocasiones arrastrando a personas mayores o tirando del pelo a manifestantes, según mostraban varios videos en redes sociales.
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Foto: AFP
La Unión Europea (UE) y la ONU presionaron este lunes al gobierno español del derechista Mariano Rajoy para que dialogue con los independentistas catalanes, que amenazan con una declaración unilateral de independencia tras el referéndum del domingo.
Además, para hoy está convocada una huelga general, a la que han animado a participar los dos mayores sindicatos, Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO).
Para Antonio Bar Cendón, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, la situación era previsible. “No sólo eso, sino que estaba perfectamente programado. Desde que todo este proceso independentista se inició, fundamentalmente en la segunda etapa del mismo que sigue a las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015, los líderes del separatismo catalán no han cesado de hacer declaraciones y de adoptar posiciones claramente desafiantes frente al Estado y sus instituciones. Como si buscasen desesperadamente la respuesta contundente de éste, para luego presentarse como víctimas de la represión de un ‘Estado autoritario’ y ‘franquista’, y legitimar así sus pretensiones de independencia”.
Las incertidumbre y los interrogantes sobre lo que sucederá son máximos. ¿Pero cuáles podrían ser los posibles escenarios?
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El presidente catalán, Carles Puigdemont, que llegó al poder en enero de 2016 con un programa que prometía la independencia. Y repitió hasta la víspera de la votación que la proclamaría de ganar el sí en el referéndum del domingo.
Según los datos ofrecidos por el gobierno catalán, más de 2,2 millones de personas participaron en la votación. De ellas, un 90 por ciento apostó por el sí a la independencia. Con esta victoria, la mayoría independentista del parlamento regional prometió declarar la secesión de esta región del noreste de España.
Puigdemont aseguró el domingo en la noche que, después de lo sucedido, los catalanes se han ganado el derecho de ser “escuchados, respetados y reconocidos”.
“Cuando Puigdemont dice que la reacción represiva del Estado les da derecho a ser reconocidos como estado independiente, se refiere a que a pesar de la represión llevada a cabo por el Estado, más de dos millones de personas fueron a votar ,y de ellos, un 90 por ciento dijo que sí”, explica a Metro Paloma Román Marugán, profesora de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.
“Por tanto no es la represión la que valida la causa independentista, sino que a pesar de ella, hubo votación. Y por tanto, ese coraje frente a la dificultad, da valor a su objetivo. Con el argumento de la represión, a juicio de Puigdemont, lo que quiso dejar patente es la vulneración de los derechos de los catalanes”, agrega Román Marugán.
Y, en caso de declarar la independencia, ¿Cataluña podría solicitar su adhesión al bloque europeo? Según la “doctrina Podri”, “cualquier Estado europeo” podrá “solicitar el ingreso como miembro de la UE”, siempre y cuando respete valores como “respeto de la dignidad humana, libertad, democracia” o “Estado de derecho”.
Esta solicitud debería, además, ser “aceptada por el Consejo (de la UE) por unanimidad”, por lo que España, o cualquier otro gobierno europeo, podría imponer un eventual veto a la candidatura.
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Aplicación del artículo 155 de la Constitución o suspensión de la autonomía catalana
Una de las herramientas más duras que podría aplicar el gobierno español es el artículo 155 de la Carta Magna. Hasta el momento, nunca ha sido invocado.
El artículo 155 le permite al gobierno central tomar el control de una comunidad autónoma que actúe en desacato con respecto a la constitución española.
Esto se ha presentado como un último recurso, pero el ministro de Justicia pareció este lunes abrir la puerta a su aplicación. Afirmó que el gobierno, que ya puso bajo su tutela el presupuesto catalán, haría “todo lo que la ley permite” para impedir la declaración de independencia.
Para el profesor de Ciencias Políticas de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrens, “hasta el día de hoy, todas las medidas del Gobierno español han sido de carácter coercitivo o incluso represivo. Esto conduce a un callejón sin salida de este tema y genera incertidumbre porque, hasta la fecha, no ha habido ninguna propuesta política por parte del Gobierno español que permitiera desactivar el conflicto”.
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Moción de censura contra Rajoy
El Partido Popular (PP, derecha) de Mariano Rajoy y los centristas de Ciudadanos, radicalmente hostiles a los independentistas, carecen de la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.
Teóricamente, los socialistas del PSOE y la izquierda radical de Podemos, apoyados por partidos regionales entre ellos los catalanes, podrían reunir una mayoría para tumbar el gobierno de Rajoy.
De todas formas los socialistas, que han defendido la aplicación de la Constitución, no parecen privilegiar esta vía.
Supondría en efecto que su líder, Pedro Sánchez, hiciera importantes concesiones a los independentistas, quizás un referéndum de autodeterminación con todas las garantías, lo que una parte del PSOE rechaza categóricamente.
* Con información de Irene Ayuso Morillo – Felipe Herrera Aguirre / MWN