Las solicitudes de antejuicio presentadas recientemente contra el presidente Jimmy Morales, ministros de Estado, diputados al Congreso y magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) fueron analizadas este viernes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
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Como invitados en cabina participaron Luis Fernández Molina, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); y Carlos Luna Villacorta, exmagistrado de la CC.
Fernández opinó que antes de que Otto Pérez Molina ocupara la presidencia casi “no se conocía esa figura” legal, pero ahora “es una lluvia de antejuicios contra diferentes acciones” la que se presenta. “Es desgastante para la figura del presidente el hecho de muchos señalamiento o antejuicios”, dijo.
“Quizá antes el accionar del presidente era ajeno a la observación popular y ahora no”, indicó.
Asimismo, el exmagistrado consideró que los antejuicios no deberían pasar por la CSJ sino ir directamente al Congreso; sin embargo, explicó que hay un fallo de la CC que indica que la Corte debe funcionar de cierta forma como filtro para que no todas esas acciones lleguen al Congreso.
“Pero cuando la CSJ archiva un antejuicio, toma la función que le corresponde exclusivamente al Congreso de conocer si ha lugar o no”, resaltó.
Mientras que Luna Villacorta opinó lo contrario, pues a su criterio la CSJ no es un simple tramitador u oficina que pasa los papeles de un lado a otro, sino que es la máxima autoridad judicial.
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La Corte hace un estudio para ver si no hay razones políticas y si el antejuicio fue planteado sin fundamentos para que se rechace in limine, detalló.
“(Hay gente que) presenta antejuicios por todo. Personas que presentan el mismo antejuicio varias veces y solo le cambian la fecha y a veces los delitos son totalmente ilógicos”, añadió el exmagistrado de la CC.
Antejuicios
A criterio de Fernández Molina, hay tres clases de antejuicios:
- Natural: Que se presenta porque en efecto hay presunciones de que algún funcionario cometió un delito, tipificado y con posible participación.
- De desgaste: para desgastar a toda la institucionalidad, al presidente, al Congreso, a la CSJ, o a la CC.
De condición: para condicionar al funcionario, "tenerlo arrinconado, limitado y ponerle un vallado alrededor de su función".
“En la actualidad veo los tres lamentablemente, hay mucho que es puramente de desgaste. Se usa en su sentido natural, pero también se usa como una herramienta política o como alguna estrategia de determinados sectores", expresó el exmagistrado de la CSJ.
Y, con relación a Morales, Luna resaltó: “Yo no recuerdo que a otra figura presidencial se haya interpuesto tanto antejuicio. Ahora podría ser hasta un récord olímpico”.
El entrevistado añadió que al presidente le hace falta mucha asesoría, principalmente legal, para poder prever muchas cosas que pueden evitarse.
Caso de Coperex
Ayer fue presentada una solicitud de antejuicio en contra del mandatario Morales y los ministros de Economía y Finanzas, Víctor Asturias y Julio Héctor Estrada, por los delitos de violación a la constitución, abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la constitución y usurpación de atribuciones.
La acción fue planteada por el presidente del Comité Permanente de Exposiciones (Coperex), entidad que administra el Parque de la Industria.
Los funcionarios son señalados de violentar el decreto ley 67-73 emitido por el Congreso, en el cual se establece que es a Coperex al que le corresponde administrar el recinto.
Ello porque Morales, Asturias y Estrada suscribieron el acuerdo gubernativo 179-2017 en el que se adscribe la propiedad por un plazo de tres años a favor del Ministerio de Economía para que se desarrolle un proyecto en el lugar, lo cual Coperex considera que es “ilegal”.
Sobre el antejuicio, Fernández señaló que según lo que se conoce del caso, “el delito más cercano” podría ser abuso de autoridad, porque “un funcionario puede hacer todo lo que la ley le permite pero no ir más allá”. E indicó que los dos delitos relacionados con la Constitución “son muy difusos” para aplicarlos en el tema.
Mientras que Luna Villacorta indicó que ha trascendido que la CC amparó provisionalmente a Coperex ayer por la tarde, por lo cual consideró que esta situación es “desgastante”.
“Hicieron toda una historia, lo que querían no se logró y solo se ganó un antejuicio de más”.
“Se desgasta, hacen el acuerdo, ya está suspendido ese acuerdo, ya no es válido, ya no lograron lo que querían, pero él (Jimmy Morales) tiene un nuevo problema penal en su contra. Y uno se pregunta qué pasa con los asesores del presidente”, resaltó.
Pago de bonos
Otro de los temas abordados durante el programa fue el pago de bonos a los trabajadores, tanto en el sector privado como público.
A criterio de Fernández Molina, los bonos “son una burla del derecho laboral”, pues se han “inventado” para disfrazar los salarios.
En ese contexto, opinó que el “gran perdedor” en esta situación es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) porque solo se le paga la cuota correspondiente sobre el sueldo base y no sobre la totalidad de lo que percibe el trabajador.
Luna coincidió con Fernández, pero añadió que no solo el IGSS pierde, sino también el empleado, pues sus prestaciones laborales como bono 14 y aguinaldo se les pagan solo tomando en cuenta el salario base, aunque sus ingresos mensuales sean mayores porque le han incluido un “bono incentivo”.
Acerca del caso específico de Jimmy Morales y el bono de Q50 mil mensuales que le pagaba el Ejército, el exmagistrado de la CSJ indicó que aunque el vocero presidencial asegura que ese pago se autorizó antes de que el mandatario tomara posesión, al aceptarlo hay cierta acción. En tanto, se podría haber cometido los delitos de apropiación indebida o enriquecimiento ilícito.
Mientras que en el caso del ministro de la Defensa, Williams Mansilla, quien suscribió el acuerdo que le dio vida al bono, podría caber el señalamiento de abuso de autoridad, detalló Fernández.
En tanto, Luna mencionó que en el caso del bono es posible que existiera una acción delincuencial. “El hecho de devolver el dinero no es que ya no haya delito”, dijo.
Aunque aclaró que corresponde a la CSJ si hay indicios suficientes para poder enviar el antejuicio al Congreso o rechazarlo.
¿Hay indicios de un golpe de Estado?
Ante esta interrogante, Fernández consideró que todo golpe de Estado tiene referencia militar. Y, en Guatemala, el Ejército reconoce a Jimmy Morales como comandante general por lo tanto no hay golpe de Estado.
Sin embargo, el experto detalló que sí ha habido golpe de Estado jurídico y ello se ha repetido en varias ocasiones.
El exfuncionario dijo que luego de que el Congreso aprobó las reformas al Código Penal, la CC otorgó un amparo provisional y suspendió todo accionar sobre el tema, pese a ello, el Legislativo sesionó y votó para archivar los decretos, lo cual representó un “abierto desacato” al fallo de la Corte, ese puede calificarse como un golpe jurídico.
Y Luna expresó: “No tenía sentido que Congreso se reuniera el 15 de septiembre, ya no había materia”.
Fernández añadió que otros casos son que la CSJ no está debidamente integrada y muy cuestionada y la CC no define cómo llenar o no llenar, o declarara vacante o no, la magistratura de Blanca Stalling.
Posibles soluciones
Luna manifestó que hay crisis en los Organismos Judicial, Ejecutivo y Legislativo, la cual considera cada vez aumenta más y cada vez se cierran más los caminos, por lo cual hace falta diálogo para resolverla.
“La idea de hacer un diálogo es por lo menos lograr la institucionalidad del país”, resaltó.
Por el contrario, Fernández Molina dijo: "más diálogo por favor ya no, ya no seamos infantiles", y consideró que sería prudente esperar a que pase el tiempo, ya que falta un año y medio para que se haga la convocatoria a nuevas elecciones.
En ese tiempo, el exmagistrado ve necesario que el Congreso “no toque” el Código Penal, especialmente en su artículo 407 literal N, que se refiere al financiamiento electoral ilícito; y que apruebe reformas a Ley Electoral y de Partidos Políticos, como el voto directo en sentido nominal que permita saber por quién se está votando, y que los Comités Cívicos puedan proponer candidatos a diputados, ya que “así se ganaría muchísimo”.
Los demás cambios deberían esperar a que llegue la otra legislatura, pues la “Ley Electoral necesita una cirugía de corazón abierto y que la hagan buenos cirujanos”.
Por su parte, el exmagistrado de la CC dijo que el hecho de esperar a que los actuales funcionarios terminen su período y volver a elegir a los que ocuparán los diferentes cargos públicos “pareciera un poco lejano, porque no se sabe si el enfermo (Guatemala) va a soportar un año y medio más”.
