Los diputados Mario Taracena, del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); y Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), se refirieron este martes a la votación realizada ayer en el Congreso con relación al antejuicio contra el presidente Jimmy Morales.
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Fueron 104 los parlamentarios que votaron en contra de que se le retirara la inmunidad al mandatario para ser investigado por financiamiento electoral ilícito; mientras que 25 votaron a favor de que fuera sometido a la justicia común.
Taracena calificó la jornada de ayer como “conflictiva y difícil”,y señaló que para evitar problemas entre su bancada, se tomó la decisión de dejar el voto libre para sus integrantes. Añadió que no comparte el criterio de quienes votaron en contra de que Morales fuera investigado, pero los respeta.
Pese a ello aseguró: “Vamos a tener que recomponer esto dentro de la bancada porque hubo un jaloncito que no estuvo muy bien”.
En términos generales, el parlamentario dijo que tras lo ocurrido ayer, tiene “el sentimiento de que pasó una batalla y cada quien está recogiendo sus heridos y sus muertos”. Y calificó como “voto cobarde” el de los legisladores que no acudieron a la sesión.
Mientras tanto, Linares aseguró que con lo actuado ayer “ganó la institucionalidad y no se logró esta estrategia perversa de tratar de defenestrar al presidente”.
“Luego (de Morales) seguía el vicepresidente, para que suban al poder los designados por el Congreso”, afirmó.
E incluso aseguró que ya se tenían sugerencias de quienes buscarían “subir”. Entre estas personas mencionó a Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, y la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú.
“No solo protegimos al presidente, sino la institucionalidad en contra de este alud de corrupción en donde se amontonaron la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que está presionada por la trinca, y el MP que es parte de esa trinca”, resaltó el parlamentario del PAN.
Confrontación
Por aparte, Linares resaltó que “hay muchísimas dudas en esa investigación. Hay intencionalidad, saña, premeditación”. Y añadió que existen elementos a favor de la defensa de Morales.
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“La autoría en el campo penal tiene que ser directa, no puede ser simplemente porque es el representante legal”, indicó.
De igual forma, resaltó que la CSJ y otras entidades están siendo presionadas por lo que denominó “la trinca”, que según él, la integran el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson; la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana; y el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez.
A su criterio, el MP y la CICIG se apresuraron a presentar la denuncia contra Morales, en el momento en el que él se reunía en Nueva York con el secretario de Naciones Unidas para abordara el tema de la Comisión internacional.
Detalló que existe en el país una “persecución selectiva que favorece intereses políticos” de ciertas personas, y que los señalamientos contra Morales fueron “patada de ahogado” antes de que se desarticule ese trío.
Mientras tanto, Taracena hizo un llamado a que se deje a un lado la confrontación y a enfocar la atención en temas de Estado que deben analizarse.
“Dejemos de estar señalando y atacando, ya paremos. Ya se tomó la decisión y hay que respetarla, nos guste o no nos guste, así es la democracia”, agregó con relación al antejuicio contra Morales.
También aseguró que al mandatario le “convenía” que avanzara el antejuicio porque hubiera podido explicar ante los Tribunales los hechos y aclarar su situación. “Lo están acusando de lo que todos los partidos políticos tienen, (gastos de) helicópteros y otras cosas”, indicó.
Además, Taracena señaló a Linares de tener “resentimiento” contra Robinson, Aldana y Velásquez, y le indicó que aunque se vayan esas personas, todo seguirá igual.
La “estrategia”
En el programa también se conversó con Alejandro Rodríguez, investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG); y Francisco Quezada, analista e investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
A Quezada le llamó la atención cómo lograron “alinearse” los diputados en una estrategia con “pasos bien definidos y claros”.
“Yo nunca vi venir una estrategia tan bien definida y delineada. Lo que tenemos es un Congreso que casi en su totalidad cerró filas”, detalló.
Añadió que la referida estrategia “viene desde la CJS”, tomando en cuenta que desde que el antejuicio ingresó a la Corte, esta lo trasladó casi inmediatamente al Congreso, aunque tenía ocho días para convocar a la sesión para conocerlo y remitirlo.
También, como parte de esa línea, se rompió una sesión ordinaria en el Parlamneto para conformar la comisión pesquisidora, fijarle un plazo “muy breve” para que emitiera el informe; y tras tener este último, se vuelve a romper otra sesión y se vota por el antejuicio, explicó.
“Eso no se da cualquier día en el Congreso”, dijo Quezada.
Además, indicó que el hecho de que la votación en contra de retirarle la inmunidad a Morales haya alcanzado 104 votos, cuando eran 105 los necesarios para declararlo sin lugar, tiene un mensaje subliminal.
El Legislativo expresó: “Por un voto hubiéramos podido retirar para siempre este caso”. Sin embargo, dejó abierta la puerta para que ese expediente de nuevo se pueda discutir en el pleno, opinó el analista del CIEN.
Mientras tanto, Rodríguez consideró que tras lo ocurrido ayer, “hay una pérdida total de legitimidad de parte del Congreso, (ya que se demuestra que) es una instancia donde se están privilegiando los intereses personales”.
A criterio del investigador del ICCPG, la votación de ayer se hizo para impedir que se hagan las investigaciones del financiamiento electoral, tomando en cuenta que en casi todos los partidos existe la posibilidad del uso de fondos ilícitos.
“En Guatemala las fuerzas del crimen organizado han logrado cooptar el sistema político. Se vio en el gobierno pasado, con el Partido Patriota, y en donde el caso Cooptación del Estado ilustró esa situación. Y eso mismo se está dando ahora con el partido FCN-Nación”, manifestó Rodríguez.
“Estamos viendo un pacto de impunidad”, aseguró. Y resaltó que la comisión pesquisidora determinó que sí había hechos suficientes para poder trasladar el caso a la competencia de un juez del ramo penal.
Según el entrevistado, la decisión que tomó el Congreso no es jurídica, sino política, pues afirmó que existían elementos suficientes para que se decretara con lugar el antejuicio y eso debió hacer el Congreso.
“Lo que procede es que esa decisión sea sometida a control de legalidad a través de un recurso de amparo”, finalizó Rodríguez.
