El tema de las cárceles militares que funcionan en Guatemala y la atención médica para los privados de libertad fue abordado hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
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Como invitados en cabina participaron Julio Rivera Clavería, exviceministro de Gobernación y exmiembro del consejo del Ministerio Público; Ricardo Guzmán, viceministro de Seguridad; y Jorge Granados, médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Mientras que por la vía telefónica se conversó con Fanuel García, director del Inacif, quien recientemente asumió el cargo; y Arturo Quevedo, presidente de la junta directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala.
La semana pasada, el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, publicó un mensaje en su cuenta de la red social Twitter con relación a las instalaciones castrenses utilizadas para privados de libertad.
“Es necesario y urgente empezar a buscar alternativas a las cárceles ubicadas en instalaciones militares. Deben cerrarse”, afirmó.
Al ser consultado sobre el tema, Guzmán indicó: “estamos de acuerdo con el comisionado con que haya instalaciones idóneas para centros penitenciarios”. Pero no confirmó si debían cerrarse las cárceles militares.
¿Hay abusos de los reclusos para salir de prisión?
El viceministro Ricardo Guzmán aseguró que los privados de libertad deben ser atendidos de forma idónea y recibir la atención médica necesaria; aunque manifestó que algunos han abusado de la oportunidad de salir de un centro de privación de libertad para estar “más cómodos” en un centro hospitalario privado. “Se quedan internados hasta meses”, resaltó.
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Sobre estos abusos, Granados dijo que anteriormente las evaluaciones a los privados de libertad no eran ni exhaustivas ni imparciales, lo cual les permitía salir de las prisiones.
Por aparte, García indicó que las evaluaciones en el Inacif habían sido “bastante generales” y no lograban concluir la verdadera situación del estado de salud que permitiera a los jueces tomar la decisión de mantener o no en un centro asistencial a un privado de libertad.
Tomando en cuenta ello, afirmó que giró instrucciones para que los casos de alto impacto se traten con un equipo multidisciplinario para dar un dictamen “certero, objetivo y claro” al Organismo Judicial.
Por aparte, se le consultó a Granados sobre los dictámenes que el Inacif habían emitido sobre la salud de la exvicepresidenta Roxana Baldetti y el empresario Gustavo Alejos, y afirmó que los diagnósticos no estaban apegados al rigor de la ciencia y no tenían todos los requisitos indispensables.
“No estaban equivocados, sino que no respondían a la objetividad de utilizar las ciencias para darle al juez respuestas sobre el estado de salud”, aseguró.
Atención en salud para todos
Rivera Clavería destacó que estar en prisión en Guatemala es “caer en el infierno” y resaltó que si la persona sindicada no tiene dinero, entonces eso significa “caer doble o triple en el infierno”.
Esto lo mencionó tomando en cuenta que, a su criterio, en el Sistema Penitenciario “no hay ni siquiera una aspirina”
“El Sistema Penitenciario es una dirección totalmente obsoleta, ni siquiera tiene solución médica para enfermedades mínimas”, expresó.
En ese contexto, recordó que hace algunos meses falleció un médico que estaba privado de libertad en el Mariscal Zavala. Señaló que no se le autorizó ir a un hospital privado y que “ahora nadie se hace responsable de esa muerte”.
“Hay que ser cuidadosos (en cuanto a la salud de reos) porque hay vidas en juego. Son seres humanos y tienen derecho a la salud”, afirmó.
En tanto, el viceministro de Seguridad resaltó que lo que se priva es la libertad, y que el resto de derechos constitucionales están ahí.
Rivera resaltó que en el SP hace falta nueva infraestructura y nuevo presupuesto. Añadió que en esa institución no va a cambiar si no hay políticas sostenidas de mediano y largo plazo.
Sin infraestructura para salud
El viceministro Guzmán indicó que el Ministerio de Gobernación “heredó instalaciones que datan de los años 70”. Y dijo que hay algunos centros penitenciarios que no reúnen las condiciones para contar con “un hospitalito o clínica” que atienda a privados de libertad.
Guzmán indicó que el Sistema Penitenciario tiene espacio para albergar a 5 mil 740 privados de libertad; sin embargo, hasta ayer la cifra de presos era de 22 mil 200.
Asimismo, se refirió a que algunas áreas que servían para la atención médica de los reos tuvieron que ser utilizadas como celdas.
“En el preventivo de la zona 18, por el hacinamiento, el hospitalito se volvió un sector más”, explico Guzmán.
Mientras que Rivera recordó que los hospitalitos existieron hace muchos años.
El funcionario de Gobernación indicó que esa cartera ha hecho alianzas con el Ministerio de Salud para que cuando se traslada a los hospitales nacionales a algún recluso se le atienda en un área especial, esto con el objetivo de no vulnerar la seguridad de estas personas, de otros pacientes ni de los trabajadores de salud.
Órdenes para recibir atención fuera de prisión
Guzmán explicó que las decisiones con relación a si un privado de libertad se traslada a un centro hospitalario o no, pasan por una orden de juez y por la evaluación del Inacif.
De igual forma, Guzmán mencionó que ya se inició con la implementación del nuevo modelo de gestión penitenciaria y que se continuará trabajando en su aplicación.
El médico del Inacif, Jorge Granados, se refirió a los cambios que hay en esa institución desde el pasado 18 de julio, cuando Fanuel García tomó posesión.
“Nosotros pertenecemos a una nueva forma o política de confrontar a las personas”, aseguró.
De igual forma explicó que las evaluaciones médicas se deben hacer de forma objetiva, imparcial y científica.
Granados dijo que antes la forma de evaluación del paciente correspondía a que un médico hacía la evaluación clínica y el pronunciamiento tomando como base el expediente clínico de la persona.
Ahora químicos biólogos y médicos especialistas tendrán la responsabilidad de emitir dictámenes apegados a ciencia y derecho ante los jueces, aseguró.
Llamado del Colegio de Médicos
Con relación al comunicado del Colegio de Médicos emitido recientemente, Arturo Quevedo, presidente de la entidad, indicó que se publicó luego de que se recibieran inconformidades de parte de los agremiados.
El objetivo era pedir y aclarar que los diagnósticos que se le hagan a los privados de libertad que necesiten ser trasladados a un centro asistencial llenen las características de formalidad, que incluyen exámenes de laboratorio y cultivos, indicó.
Asimismo mencionó que el Colegio no se pronunció con relación al caso de ninguna persona en particular.
De igual forma, hizo un llamado a los agremiados para no hacer certificados “por complacencia”.
