Expresidente Otto Pérez acciona en contra del juez Miguel Gálvez

Se trata de un incidente para que el juez se declare incompetente. Con esto peligra la audiencia del caso La Línea.

Por Kenneth Monzón

El encarcelado expresidente Otto Pérez Molina, presunto cabecilla del caso de defraudación aduanera denominado La Línea, accionó en contra del juez Miguel Gálvez. Se trata de un incidente para que el juez se declare incompetente.

Este inusual planteamiento judicial sucede a cuatro días para que se realice un nuevo intento para el desarrollo de la audiencia intermedia que está prevista para el 24 de julio de 2017.

“El dueño de la finca”, como era mencionado Pérez Molina durante las conversaciones telefónicas de los integrantes de la estructura, interpuso un incidente por declinatoria, que en algunas oportunidades son conocidos por los jueces.

La declinatoria significa perder competencia. Es una petición que que hace algún procesado en cualquier etapa para dejar de reconocer la aptitud del juez. En este caso Pérez Molina pretende que el juez Gálvez se declare incompetente.

El argumento del encarcelado exgobernante se basa a que el juez Gálvez “no era el idóneo” cuando ordenó su captura el 2 de septiembre de 2015 luego que el Congreso le retiró la inmunidad para ser investigado por cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.

El juez resolverá

Gálvez informó:

El señor Pérez Molina aduce que no soy el juez competente y que el expediente lo tuvo que conocer una sala porque era el presidente cuando se dictó la orden de captura. De esto aún no he dictado la resolución”.

La acción deja en peligro la audiencia del próximo lunes en donde 30 sindicados de integrar una organización criminal que cobraba sobornos a los importadores en las aduanas sabrán si enfrentarán un debate.

Juez Miguel Gálvez comparece y se libra de una suspensión Edwin Bercián

Ya se ha suspendido

La audiencia intermedia del caso La Línea se ha suspendido. El 17 de julio de 2017 fue la más reciente cuando Presidios no trasladó a siete sindicados desde las cárceles, entre ellos la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Otras suspensiones ocurrieron el 15 de febrero de 2017 (apelación de Pérez Molina); el 30 de enero de 2017 (incomparecencia de Baldetti porque acudió a la audiencia del caso Amatitlán, un fraude al Estado con una fórmula mágica); el 10 de octubre de 2016 (Pérez Molina estaba sin defensores); y el 29 de marzo de 2016 (apelación de la Procuraduría General de la Nación porque había sido separada del caso).

Lo defraudado

El fiscal Juan Sandoval recordó que la investigación se deriva al cobro de sobornos a los importadores en las aduanas Central, Portuaria y Santo Tomás. El monto de lo defraudado es Q28.5 millones del 8 de mayo de 2014 al 16 de abril de 2015, cuando fue desbarata la estructura. En el caso apoyó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

 

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