La jueza Claudette Domínguez citó a 34 personas señaladas de haberse beneficiado al cobrar salarios en el Congreso sin asistir un solo día a trabajar. Ocho diputados los contrataron como sus asesores y técnicos.
El Juzgado de Mayor Riesgo A lució abarrotado. Todos los sindicados acudieron a la cita que les hizo la jueza. El fiscal Luis Mejía inició la imputación y los señaló de peculado por sustracción, que contempla una pena de cinco a diez años de prisión.
Los diputados de la junta directiva de 2014-2015, que presidió el prófugo Luis Rabbé firmaron los contratos con salarios de Q5 mil, Q10 mil y hasta Q20 mil mensuales.
Los que avalaron los contratos
Ocho diputados realizaron las contrataciones. En el primer día de audiencia el fiscal hizo señalamientos a nueve de los sindicados. Destacan que habían amas de casa, un agricultor y un ginecólogo, entre los beneficiados.
El encarcelado diputado César Fajardo avaló tres contrataciones anómalas; el legislador Manuel Marcelino García Chutá (en prisión) contrató a ocho personas; y el prófugo diputado Carlos López Girón, firmó por tres contratos.
Los exdiputados Juan David Alcázar Solis, Amílcar Aleksander Castillo Roca, Pedro Gálvez (prófugo) avalaron tres contrataciones; el exlegislador Selvin García contrató a cinco asistentes que jamás trabajaron en el Organismo Legislativo; y el prófugo exdiputado Julio César López Villatoro avaló seis contratos.