La jueza Claudette Domínguez citó a 34 personas señaladas de haberse beneficiado al cobrar salarios en el Congreso sin asistir un solo día a trabajar. Ocho diputados los contrataron como sus asesores y técnicos.
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El Juzgado de Mayor Riesgo A lució abarrotado. Todos los sindicados acudieron a la cita que les hizo la jueza. El fiscal Luis Mejía inició la imputación y los señaló de peculado por sustracción, que contempla una pena de cinco a diez años de prisión.
Los diputados de la junta directiva de 2014-2015, que presidió el prófugo Luis Rabbé firmaron los contratos con salarios de Q5 mil, Q10 mil y hasta Q20 mil mensuales.
“Los montos que cobraron en el Congreso van desde Q66 mil hasta Q500 mil durante un año”, explicó el fiscal Mejía.
Los que avalaron los contratos
Ocho diputados realizaron las contrataciones. En el primer día de audiencia el fiscal hizo señalamientos a nueve de los sindicados. Destacan que habían amas de casa, un agricultor y un ginecólogo, entre los beneficiados.
El encarcelado diputado César Fajardo avaló tres contrataciones anómalas; el legislador Manuel Marcelino García Chutá (en prisión) contrató a ocho personas; y el prófugo diputado Carlos López Girón, firmó por tres contratos.
Los exdiputados Juan David Alcázar Solis, Amílcar Aleksander Castillo Roca, Pedro Gálvez (prófugo) avalaron tres contrataciones; el exlegislador Selvin García contrató a cinco asistentes que jamás trabajaron en el Organismo Legislativo; y el prófugo exdiputado Julio César López Villatoro avaló seis contratos.
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