La PDH señaló que aunque desde 2014 que se nombraron a cinco relatores para integrar la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura no han cumplido con su mandato ni ha funcionado adecuadamente.
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La Oficina de Prevención de la Tortura funciona como comisionado del Congreso por lo que entre sus atribuciones están examinar las condiciones que reciben presos, recomendar mejoras en trato y condiciones de personas privadas de libertad o denunciar posibles casos de tortura y otros delitos.
Los relatores son electos para un plazo de cinco años, por lo que los diputados deben este año nombrar nuevas autoridades, sin embargo; que ya se cuenta con el listado de candidatos por la comisión legislativa de Derechos Humanos, los congresistas no han dado prioridad a dicha elección.
En marzo, los actuales relatores contra la Tortura fueron criticados por la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, por no haber dado seguimiento a las denuncias sobre el trato a los jóvenes.
