Cientos de personas marcharon el domingo en República Dominicana para exigir que el Congreso acoja las recomendaciones del poder ejecutivo y despenalice la interrupción del embarazo en algunas circunstancias.
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“Yo soy la que paro, yo soy la que decido”, coreaban los asistentes a la manifestación, que recorrió la principal vía peatonal de la zona colonial de Santo Domingo.
Los manifestantes exigen que la Cámara de Diputados acoja las observaciones enviadas por el presidente Danilo Medina para eliminar del Código Penal las sanciones al aborto en ciertas condiciones.
Medina propuso permitir la interrupción del embarazo en caso de violación sexual, de que la vida la madre estuviese en peligro o de que el embrión presentara malformaciones graves.
Las observaciones ya habían sido aprobadas por ambas cámaras del Congreso a finales del 2014, pero el Tribunal Constitucional anuló la pieza legislativa antes de que entrara en vigencia ante el reclamo de diversas iglesias protestantes.
El Tribunal no se pronunció sobre el aborto en sí, sino que consideró que el procedimiento utilizado por el Congreso para aprobar la pieza había sido irregular.
A mediados de junio, el Senado aprobó el nuevo Código Penal en el que mantiene la prohibición absoluta del aborto en todos los casos. La Cámara de Diputados tiene previsto discutir el tema esta semana.
La pieza aprobada por el Senado mantiene penas de hasta tres años de cárcel para las mujeres que aborten y de 10 para el personal médico que las asista.
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En el país “no puede haber un Código Penal que no respete el derecho reproductivo”, dijo la diputada opositora Faride Raful, quien participó en la marcha del domingo para expresar su apoyo a la despenalización del denominado aborto terapéutico.
“No vamos a permitir que se legisle contra nuestros derechos, contra nuestra salud”, dijo Sergia Galván, dirigente del grupo civil Colectiva Mujer y Salud.
Ante la inminente discusión del proyecto en la cámara baja, el arzobispo de Santo Domingo, Francisco Ozoria, y una delegación de obispos visitó la semana ese órgano legislativo para dialogar sobre el Código Penal.
Los obispos y representantes de las iglesias protestantes han insistido mantener la prohibición absoluta del aborto.
