La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, solicitó el jueves al Tribunal Supremo de Justicia la anulación del proceso de reforma de la constitución, con lo que ahondó su distanciamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien avanza su iniciativa en medio de crecientes críticas de disidentes del oficialismo y la tensión política generada por las protestas que se han extendido por más de dos meses.
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Ortega Díaz anunció a la prensa que presentó en la Sala Electoral del máximo tribunal una acción legal para que se anule la convocatoria del proceso, las bases comiciales y las postulaciones de los candidatos que aprobó recientemente el Consejo Nacional Electoral (CNE). “Es el pueblo soberano quien tiene la potestad de convocar a una constituyente", dijo la alta funcionaria al insistir en que el proceso promovido por el presidente Maduro vulnera la progresividad de los derechos humanos.
Sin embargo, la mayoría de las decisiones que ha emitido en los últimos años el Tribunal Supremo de Justicia han sido a favor del gobierno, por lo que es poco probable que esta acción de la fiscal pueda prosperar. La mayoría de los 32 integrantes del máximo tribunal son señalados de estar vinculados al oficialismo.
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Ortega Díaz abrió un nuevo frente al cuestionar las actuaciones del CNE, que es controlado por el gobierno, al que señaló de violar los principios de “progresividad de los derechos humanos”, “la legalidad administrativa”, “igualdad”, “derecho al sufragio y la participación política”, y “soberanía constitucional”. La alta funcionaria fundamentó su acción alegando que lo hacía para “defender la soberanía popular, para defender la constitución, para defender la democracia participativa”.
La postura asumida por la fiscal representa un “claro riesgo” para el gobierno de Maduro por las “facultades de control” que tiene sobre el Ejecutivo, afirmó el académico y jurista, José Ignacio Hernández, al reconocer que su posición cada vez más crítica fue una de las razones que movió al oficialismo a lanzar el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente para tratar de contener ese riesgo.
Hernández dijo a The Associated Press que la fiscal solo puede ser removida de su cargo por un procedimiento “muy complicado” que requiere pasar por el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional, y agregó que ante ese escenario el oficialismo decidió recurrir a la “fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente” que puede ordenar la “reestructuración de todos los poderes públicos” incluido el Ministerio Público.
La fiscal comenzó su distanciamiento del gobierno a finales de marzo, cuando objetó públicamente dos sentencias que dictó el Tribunal Supremo de Justicia en las que asumían las competencias legislativas de la Asamblea Nacional y limitaba la inmunidad parlamentaria, y denunció una “ruptura del orden constitucional”.
Semanas después, la fiscal realizó otro pronunciamiento para cuestionar la actuación de las fuerzas de seguridad en la contención de las protestas y anunció que un joven universitario murió a finales de abril a consecuencia de un golpe que recibió en el pecho por una bomba lacrimógena que le lanzó un guardia nacional, lo que desmintió la versión del gobierno, que sostenía que el opositor falleció por el impacto de una pistola de perno que accionó otro manifestante.
A principios de mes, la fiscal acudió a la Sala Constitucional para introducir una primera acción contra el proceso constituyente, que fue rechazada esta semana.
Las declaraciones de Ortega Díaz han generado duras reacciones de parte del vicepresidente del partido oficialista, diputado Diosdado Cabello, y del ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, quienes la acusaron de promover la impunidad y de traicionar el proceso. Cabello dijo recientemente que luego que se instale la Asamblea Nacional Constituyente una de sus primeras acciones será revisar el Ministerio Público.
Por otra parte, la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, aprobó este jueves un voto de censura contra Reverol que implicaría su destitución, aunque es poco probable que prospere debido a que el gobierno no ha acatado otras medidas similares que aprobó contra los ministros de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, y de Energía Eléctrica, mayor general Luis Motta Domínguez.
El vicepresidente Tareck El Aissami dijo que las evaluaciones forenses determinaron que el manifestante Neomar Lander, de 17 años, murió la víspera por una "explosión del pulmón izquierdo" y que presentó quemaduras en el antebrazo por la manejo de un explosivo casero que identificó como un "mortero".
Algunos dirigente opositores habían denunciado que Lander falleció tras resultar herido en el pecho por una bomba lacrimógena que le lanzaron las fuerzas de seguridad.
El Aissami acusó al diputado opositor Miguel Pizarro de promover la muerte de Lander, y presentó un video de un joven, con el rostro cubierto con una tela, que acusó al congresista de apoyar con implementos a los manifestantes.