“Ya no hay más que discutir”, Jorge De León Duque, titular de la PDH

El procurador de los Derechos Humanos explica que la discusión a la reforma constitucional lleva más de 20 años, por lo que aclara que la propuesta de modificar la Carta Magna no proviene de extranjeros, sino de cientos de guatemaltecos que participaron en el diálogo nacional que convocaron los presidentes de los tres organismos del Estado.

Por Joel Maldonado

¿Cuáles son sus conclusiones de la discusión de la reforma constitucional?
Hemos visto como la aprobación se ha entrampado, ya que no hemos visto discusión profunda, sino más bien ha sido por falta de coúrum o se rompe la sesión, se han encontrado otros argumentos para no continuar con la votación, pero tenemos la esperanza de que continúe la discusión y que sea una realidad, es un tema de país. Genuinamente nuestro esfuerzo es por mejorar el actual sistema de justicia que es perverso, sin resultados, por lo que se busca implementar la carrera judicial, para que los buenos jueces asciendan y no haya castigo, se busca derrotar el sistema judicial perverso e intentar que la justicia de resultados, donde el litigante y los ciudadanos lo viven de que la justicia no es pronta ni cumplida.

¿Cómo observa la oposición a la reforma judicial?
La divido en dos, hay quienes se oponen con argumentos y es válido, el disentir en temas importantes es sano para el país, desafortunadamente ellos son los menos, pero la gran mayoría ni siquiera conoce la Constitución ni la propuesta, se oponen porque si, seguir a alguien o porque de alguna manera se ha golpeado a familiares y amigos, por lo que hoy esa es la forma de vengarse de la CICIG y del MP, creyendo que al no aprobarse la reforma golpeará a esas instituciones, lo cual están equivocados.

¿Cuál es la lectura del atraso de la aprobación de las reformas?
Preocupante, parece que le apuestan al tiempo, lo cual perjudica al sistema de justicia. Algunos han cuestionado por qué el procurador está involucrado en el fortalecimiento de la justicia, pues precisamente porque es un derecho humano fundamental, si el sistema de justicia fuera eficiente y existiera esa certeza de castigo, no hubiese necesidad de que el procurador de los Derechos Humanos estuviera involucrado. Un sistema de justicia fuerte es la mejor defensa para los derechos humanos y eso parece que muchos no lo entienden o a propósito quiere confundir a la población, es importante la responsabilidad y con seriedad los diputados y la población se den cuenta que la reforma traerá beneficios.

¿Se niegan los diputados a perder poder para elegir magistrados?
Varias lecturas se dan de este proceso, el primero es el querer estar forcejeando para que no sea una realidad, independientemente de que puedan estar convencidos que será positivo, y la segunda es mantener ese poder que les da nombrar magistrados de Sala de Apelaciones o tener injerencias en las más altas cortes, que es lo que históricamente ha sucedido.

¿Cómo aclarar que las reformas no son impuestas por extranjeros?
Hay que recordar las discusiones que se dieron, es importante que la población ejerza ciudadanía y acá no estamos acostumbrado a ello, lo que significa interesarnos por los temas de país y el fortalecimiento del sector de justicia se vienen hablando desde la firma de los acuerdos de paz, por lo que quienes dicen que se debe discutir más, ya no hay más que discutir de manera sobrada se han discutido, hubo además propuestas como la que presentó Asíes, Universidad Rafael Landívar y Usac, que tocaba mucho esos temas, y la otra es que por respeto a las más de mil 200 personas que acudieron al diálogo donde la secretaría técnica únicamente plasmó en un documento a petición de los presidentes de los tres organismos del Estado, el haber trasladado lo que ha mayores consensos se lograron en las propuestas, pero tuvimos talleres regionales donde se acordaron esos consensos, algunos dicen que no hubo unanimidad, lo cual es imposible, ya que no existirá una propuesta que unánime por toda la población sea aprobada. Lo que hicimos fue tratar de condensar en ese documento las propuestas que tenían mayor consenso, por lo que hay argumentos falsos.

¿A poco tiempo de que termine su gestión, cómo resume su trabajo?
Al inicio encontré un desorden administrativo, sobre todo en recursos humanos, lo cual fue complejo porque había mil 10 trabajadores, entonces se tomó la decisión de revisar los contratos y hoy entregaré la institución con 737 personas en el renglón 011, ninguna en el renglón 022 y 10 en el renglón 029. Entre las primeras decisiones fue reducirme el salario, porque el procurador ganaba Q108 mil, pero no era acorde a la realidad y ahora obtengo un sueldo lo mismo que un magistrado que es de Q52 mil.

¿Qué destaca de su periodo como procurador de los Derechos Humanos?
Algo que me impresionó fue que no se conocían los auxiliares departamentales, al poco tiempo de asumir se realizaron giras por las auxiliaturas para que se conocieran los empleados y hubiese mayor coordinación, hemos capacitado al personal con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Antes no había cooperación internacional, solo para la unidad que lleva los casos de desaparición forzada, por lo que se empezó a buscar ayuda y se logró el apoyo de varios países, por lo que recobraron la confianza en la PDH, pero han mostrado preocupación de quién será el nuevo procurador y han condicionado la cooperación. Se ha trabajado sobre temas de discriminación, racismo, pueblos indígenas y violencia contra la mujer, es mucho trabajo de la Procuraduría que no se ve, pero el trabajo es evitar que las cosas sucedan y por eso cuestionan los logros de la institución, que en muchos lugares se evita conflictos.

¿Por qué considera que algunos grupos se han interesado en dirigir la PDH?
Por la independencia que se ha logrado se ha vuelto apetecible, ya que ahora está del lado del apoyo a la justicia y demanda de la población, pero puede tener un giro ya que hay sectores y actores que quieren un procurador contrario al MP, a la CICIG y a las demandas ciudadanas y eso es una posibilidad, hay fuerzas que no les interesa un procurador que impulse las reformas a la justicia y denunciando instituciones, sino uno afín a sus intereses, por lo que es responsabilidad de la comisión de Derechos Humanos.

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