Sereno, tranquilo y hasta sonriente por unos instantes. El colombiano Iván Velásquez hizo una pausa en su agenda y atendió a Publinews un poco más de 30 minutos en su oficina. Durante la conversación destacó que existe libertad de expresión y que prefiere seguir compartiendo mensajes en Twitter para la población.
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Descartó que exista un distanciamiento con el presidente Jimmy Morales Cabrera debido a la investigación del caso “Botín en el Registro de la Propiedad”, donde están sindicados por lavado y fraude Samuel “Sammy” Morales Cabrera y José Manuel Morales Marroquín, hermano e hijo del gobernante.
El abogado y exmagistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que dirige la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) desde 2013, manifestó su compromiso y deseo de seguir desarticulando las estructuras criminales y de corrupción. Adelantó que su equipo analiza luchar contra las bandas de trata de personas no solo en el país, sino además en la región.
“Nos interesa desarticular grandes estructuras vinculadas a la trata de personas, pero ir por los dueños”. Velásquez anunció hacia dónde se inclinarán la próxima investigación
¿Qué se destaca en la investigación en el caso “Botín en el Registro de la Propiedad?
Ya se presentó la acusación. Este caso no estaba dirigido en contra del hijo y el hermano del presidente Jimmy Morales. Surge a partir de las imputaciones y declaraciones de un sindicado. Frente a una realidad que no se puede tapar ni ocultar, para nosotros existe una responsabilidad de continuar.
Se ha dicho que es un caso de persecución.
¿Por Q90 mil? De un lado el tema no es cuánto fue el fraude. No se estaba examinado esa conducta sino las plazas fantasma. Hasta hoy eso se ha acreditado.
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Se ha notado un distanciamiento con el gobernante Jimmy Morales.
Es porque no he estado acá. No hay ninguna motivación diferente a mi posibilidad. Cuando fueron presentados los hechos del hijo y el hermano del presidente ante una jueza recuerdo que hubo una actividad en el Palacio. No es una situación personal ni de la CICIG en contra del presidente ni del presidente en contra de la CICIG sino que en una investigación penal es un hecho que surge, que es forzoso investigar, porque estaríamos también contradiciendo lo que ha sido el planteamiento desde el primer caso que presentamos ante la justicia. Se ha insistido en que aquí lo que resulte se presenta, aquí no hay nada que se vaya a ocultar, las consecuencias no las medimos, no calculamos. Así fue este proceso. El presidente lo ha dicho también. Considero que en las relaciones institucionales no hay una situación que estemos evitando.
El expresidente Otto Pérez argumentó frente a tres jueces que usted alentaba a la población con sus mensajes en las redes sociales. Incluso criticó que de ser así ningún país iba a querer a una CICIG.
Me parece insignificante. Realmente la manera en que siempre se pretende impedir el cumplimiento de las actividades y la vida de uno, que por qué estuvo en tal parte, que por qué se reunió con este. Dice que le contaron, porque no tendría que utilizar un celular, que estaba haciendo una encuesta pública en Twitter. Nunca lo he ocultado, no está mi fotografía sino la de la protesta guatemalteca, tengo derecho a expresarme y lo hago como lo he hecho reivindicando la importancia de esa reacción ciudadana y que se mantenga.
El proceso de las reformas a la Constitución se estancó. ¿A qué se debe? ¿Falta de voluntad?
No es eso, avanza lentamente. Lo que leo desde fuera del Congreso es que no han leído ni siquiera las enmiendas que fueron publicadas este año. Creo que la aprobación del artículo 6 (tiempo vitalicio de los jueces y evaluación de desempeño) de la carrera judicial empieza a desentrampar las cosas. Esto va a generar una mayor apertura y será más fluida la actividad en el Congreso.
2 de junio de 2016 fue cuando la CICIG y la Fiscalía plantearon el caso “Cooptación” el más grande en la historia judicial del país.
¿Cómo ha visto los cambios de la iniciativa?
No afectan ni desvirtúan la estructura general de la propuesta. Mejoran la iniciativa.
Solo la fiscal Thelma Aldana y el procurador de los DD. HH. Jorge de León respaldan las reformas. ¿Se quedó sólo?
(Piensa) Todo esto, con tanta prolongación, genera un desgaste personal e institucional. Hay muchos otros asuntos que impiden la dedicación de la manera como en el inicio se veía. No creo que sea una pérdida de interés.
El mandatario Jimmy Morales ya no se pronunció. Nery Medina, presidente la Corte Suprema de Justicia, no ha opinado. El presidente del Congreso Óscar Chinchilla tiene voluntad.
El magistrado Medina afirmó que estaba interesado en sacar adelante la reforma. Hay varias situaciones que diferencian en el tiempo las actitudes de las personas. Con la presidencia de la magistrada Silvia Valdés, probablemente porque no había estado muy involucrada, hubo una desaceleración. No hay una oposición por ser una iniciativa de los presidentes de los organismo del Estado, pues hay una acción más activa de pedir que avance y que se tenga la aprobación. Creo que todo aquel que tenga un interés legítimo de que avance puede expresarse. Que al manifestarse sea con lealtad.
En un discurso mencionó: “Imperceptiblemente la desconfianza retornó, aprovechado por otros grupos para perpetuarse en la impunidad” ¿Quiénes son esos otros grupos?
La campaña que resalta que aprobar la reforma es convertir a Guatemala en una Venezuela es absolutamente mal intencionada. Hay personas con responsabilidad penal, que están afectadas por la acción del Ministerio Público, que pretenden que no las hagan responsables y que vuelva el tiempo atrás de la corrupción. Ese es un grupo. Los otros son los que ven amenazada su garantía de impunidad, que no hay una acción penal, pero que pueden estar involucrados o ser investigados. ¿Qué otros sectores? Como el diputado Edgar Ovalle (prófugo por el caso Creompaz), quien logró dilatar el antejuicio por 14 meses y lo más probable es que sea capturado. Trató de propiciar su impunidad.
Recientemente Estados Unidos donó US$7.5 millones ¿Cómo lo está invirtiendo?
Cuando tenemos un aporte mayor u otro país se suma, como Alemania, lo que hacemos es ampliar unidades de investigación. Nuestro propósito es tener 12 y ya vamos por diez. Hay muchos temas que no hemos podido abordar. El equipo que inició en 2014 con el caso La Línea no se ha desprendido.
Su equipo adelantó ya algunas investigaciones ¿Qué más le interesa?
Nos interesa hacer una investigación sobre el tema de la trata de personas y trabajar con Honduras, El Salvador y México en una investigación para definir y desarticular grandes estructuras vinculadas a este tema, pero ir por los “dueños”, no por los mandos medios e inferiores.
En septiembre finaliza su periodo ¿Qué le ha parecido dirigir la CICIG?
Fui contratado en octubre de 2013 para llegar hasta septiembre de 2015. Cuando se prorrogó con la solicitud del entonces presidente Otto Pérez se ratificó mi nombramiento y mi contrato. Por eso termino el contrato este año. Ahora existe una prórroga hasta 2019 por la petición del mandatario Jimmy Morales, entonces habrá una decisión del secretario general de la ONU de extender o no mi estadía.
Sigue su deseo de seguir en el país.
Lo he manifestado siempre y creo que, además con la vehemencia que hago, tengo un compromiso por convicción, no por un tema burocrático. Naturalmente tengo un interés personal y profesional por contribuir con Guatemala en el fortalecimiento institucional y en la desarticulación de lo que hemos venido afirmando, las redes político-económicas ilícitas que tienen capturado al Estado de Guatemala. Estamos comprometidos en ese proceso de liberación. Si hay una voluntad desde la ONU de que continúe al frente de la Comisión, estoy dispuesto a seguir por otro tiempo. Vine por dos años y lo que se había afirmado es que la CICIG terminaba en 2015. Ya llevo tres años y medio y lo que está por encima de todo es la convicción con la justicia y la construcción del Estado social de derecho. Significa un sacrificio personal y habrá que ver hasta cuándo una situación de esta se podrá mantener, pero tengo toda la voluntad de aportar todo lo que tenga a Guatemala.
“Significa un sacrificio personal, pero tengo toda la voluntad de aportar todo lo que tengo para Guatemala”. El abogado colombiano habla acerca de su deseo de seguir al frente de la CICIG debido a que su contrato finaliza en septiembre de 2017
El juez Víctor Herrera nos compartió esta semana que padece de parkinson. Es el que envió a debate a la exvicepresidenta Roxana Baldetti por el fraude al Estado en el caso “Agua mágica”.
Es muy lamentable. Es un juez que ha estado comprometido con su trabajo. Es el primero de los grandes casos que va a juicio. Son procesos progresivos, pero espero que se logre controlar y que tenga una vida agradable y satisfactoria.
¿Quién es el comisionado?
- Iván Velásquez nació en Medellín, Colombia el 12 de mayo de 1955.
- Estudió derecho en Antioquia y fue litigante y dirigió el Colegio Antioqueño de Abogados.
- Fue magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia, donde coordinó las investigaciones de alto nivel sobre los vínculos entre los grupos paramilitares y cargos públicos de Colombia.
- Fue director Regional de Fiscalías en Medellín. Emprendió una lucha frontal contra los grupos de autodefensas. Dirige la CICIG desde octubre de 2013.
“Considero que en las relaciones institucionales no hay una situación de que nos estemos evitando”. Comisionado Iván Velásquez al desmentir que exista un distanciamiento con el presidente Jimmy Morales Cabrera.
