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“La corrupción nos afecta en la credibilidad”, ministra de Salud

Lucrecia Hernández Mack, titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), aseguró que el 60 por ciento de personas empleadas por contrato impide que haya una carrera en el sistema de salud y hace que los trabajadores no tengan una identificación para la atención a los guatemaltecos. Hernández Mack es la segunda ministra de Salud del Gobierno del presidente Jimmy Morales y afirmó que tiene su respaldo.

¿Cuál es la opinión que le dio el MSPAS a la Ley de Comadronas?
La ley como iniciativa no fue consultada. El proyecto planteaba un incentivo económico para las comadronas, de Q3 mil anuales, el cual se debió pagar a partir de 2018, pero cuando se aprobó se estableció que este debía darse este año y daba un plazo de tres meses al Ministerio de Finanzas y MSPAS para encontrar una solución al financiamiento y eso lo hace inconstitucional. Lo más grave que plantea es la certificación de las comadronas que debe hacer el MSPAS, algo a lo que históricamente se ha opuesto la mayoría de comadronas por el hecho de que sean institucionalizadas.

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¿Quiere decir que la organización de comadronas que estuvo en el Congreso no es representativa?
Existen muchas. Quienes estuvieron en el Congreso son quienes emitieron un comunicado oponiéndose a la posibilidad del veto. Son las mismas organizaciones de comadronas, quienes interpusieron un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) en 2016 donde explicaban la problemática que se tiene con los mecanismos de control del MSPAS hacia sus prácticas. La posición que tiene el ministerio sobre esa ley está fundamentada con la opinión técnica de la Unidad de Pueblos Indígenas e Interculturalidad que existe en el MSPAS. Al aprobarse esta ley ocurrió que las asociaciones de garífunas, xincas y mestizas dijeron no sentirse incluidas.

¿Cuántas comadronas contabiliza el MSPAS?
El ministerio ha trabajado con 22 mil comadronas. Sin embargo, hay organizaciones que aseguran que hay 90 mil comadronas en el país, pero es difícil establecer un número.

El Congreso consultó con la CC si puede publicar la ley aun con el veto presidencial, ¿esperarían que la corte les den la razón?
La corte puede decir: La ley no es inconstitucional y el Congreso debe revertir el veto. Si eso ocurre, cumpliremos con la ley y haremos todo el esfuerzo para evitar el surgimiento de las falsas comadronas y los espacios para el clientelismo político. La preocupación es que hay una institucionalidad débil y con vicios en términos de la transparencia y del ejercicio de poder. Por eso, la preocupación es que, si viene alguien más al MSPAS, será muy fácil de que alguien que quiera ser presidente, cambie los registros y pueda aplicarlos a prácticas clientelares.

¿Cómo avanza la implementación del Modelo Incluyente de Salud (MIS)?
Cuando llegamos habían más de cien puestos que implementaban el MIS y se hizo por iniciativa de jefes de distrito y directores de área. Hemos contratado a más de 250 auxiliares de enfermería para San Marcos y Huehuetenango, también constituimos equipo de enfermería. Los centros de salud con el MIS tienen dos o más auxiliares de enfermería y eso permite dar consultas en los puestos de salud mientras los otros hacen visitas familiares integrales y se dedican al trabajo comunitario para trabajar en aspectos de ambiente, agua y saneamiento y charlas en las escuelas.

¿Cuáles son los avances del MIS?
En donde hay MIS la desnutrición crónica se ha reducido en cuatro puntos porcentuales en dos años. El MIS ha reducido la mortalidad materna e infantil y la desnutrición crónica. Creemos que todo modelo de salud, aún cuando pueda aportar a la reducción de la desnutrición crónica, debe acompañarse de acciones de condiciones de vivienda, agua y saneamiento, seguridad alimentaria y nutricional, trabajo, salarios etc.

¿Hay colaboración de las municipalidades para trabajar en el mejoramiento del agua y saneamiento?
La estrategia de la reducción crónica lo contempla y como es una prioridad presidencial, mucho del financiamiento del Sistema de Consejos de Desarrollos están dirigidos al tema.

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¿Cuál ha sido el obstáculo que ha encontrado para implementar el MIS?
Hay de todo. Venir y hacer cambios implica pensar las cosas distintas porque es una idea de la salud diferente. Implica dejar nuestra arrogancia médica, pedir más compromisos de trabajadores y salubristas porque no solamente es dar consultas, sino salir y hacer trabajo en las comunidades. Se requieren más recursos y de cosas muy políticas que existen en las comunidades que están peleadas entre sí. Es un trabajo muy grande, minucioso.

¿La corrupción y las malas prácticas podrían ser un obstáculo?
Podría haber porque vamos a pasar por procesos fuertes de adquisiciones y tenemos que establecer mecanismos para que las cotizaciones, licitaciones y compras directas se hagan bien. También habrá mucha contratación de personas, entonces, tenemos que ver que no vayan a haber ofrecimientos o aspectos clientelares. La corrupción nos afecta en la credibilidad y confianza ciudadana.

¿Cómo va el censo de trabajadores del MSPAS?
Cuando llegamos estaban realizando un censo, pero la metodología utilizada no permitía saber cuántos y quiénes éramos los trabajadores, entonces se creó un software y se consiguió un equipo con lector de DPI para ir a todas las unidades ejecutoras e inventariar a cada uno. Después tuvimos que empezar a hacer un proceso de contratación y eso nos iba a cambiar el dato y decidimos dejarlo en pausa. Sabemos que hay 52 mil trabajadores.

¿Los 52 mil estaban contratados por el MSPAS?
Lo que vimos a finales de 2016 fue que mucha gente abandonó labores y eso podría ser un indicio de plazas fantasma pero es muy difícil identificarlo desde el despacho porque la contratación es descentralizada.

¿Ha recibido alguna presión de farmacéuticos, diputados o sindicalistas?
No, aunque sabemos que hay algunas cosas que no tienen explicación, por ejemplo, ¿por qué tantas citaciones? o ¿cuál fue el motivo de la interpelación? porque nunca hubo un tema porque no fue por el comentario del chiste. Igual que con el pacto colectivo se genera mucha desinformación y medidas de hecho aunque no hay una presión directa si sentimos que estamos afectando algo.

¿Qué diputados se han reunido con usted?
Varios, la mayoría son distritales. Han solicitado audiencia en el MSPAS o en el Congreso, no en citaciones, donde se habla sobre algún problema local. Hay reuniones que han sido muy productivas porque se intercambia información de lo que ocurre en el lugar. De repente hay algunos que llegan con una persona que quiere trabajo y es la persona que se presenta y dice: “Mire, necesito trabajo”. Lo de pedir trabajo es algo de todos los días porque a los lados a donde uno va y lo reconocen le piden trabajo para ellos o sus familiares. Es una cuestión de que están pidiendo trabajo y no hay tráfico de influencia.

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