El máximo tribunal venezolano dio marcha atrás este sábado a adjudicarse las facultades del Parlamento dominado por la oposición, luego de que la medida desatara divisiones dentro del chavismo y fuertes críticas de la comunidad internacional.
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Acusado de servir al gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "suprimió" partes de dos sentencias, incluido un punto que confería amplios poderes al presidente Nicolás Maduro.
La decisión resultó de un acuerdo entre los poderes públicos -excepto el Legislativo- convocados por Maduro para zanjar diferencias horas después de que la fiscal general, Luisa Ortega, cercana al chavismo, denunciara que los dictámenes suponían una "ruptura del orden constitucional".
Pero el acuerdo no convenció a la oposición.
"No ha habido cambios (…). La sentencia es la culminación de un golpe de Estado que no se corrige tachando un párrafo ", dijo el presidente de la Asamblea, el opositor Julio Borges, durante una concentración de opositores en Caracas.
El presidente del TSJ, Maikel Moreno, negó por su parte que los dictámenes hayan "despojado al Parlamento de sus funciones, así como tampoco lo han disuelto o anulado".
En un comunicado leído ante representantes del cuerpo diplomático, Moreno sostuvo además que el TSJ "reconoce la inmunidad parlamentaria como garantía de la actividad legislativa, con las limitaciones" que fija la Constitución.
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El pasado martes, el TSJ ya había asestado un golpe a la Asamblea al retirar la inmunidad de los diputados, lo que abrió la posibilidad de enjuiciarlos incluso ante tribunales militares.
El TSJ declaró en desacato al Legislativo en enero de 2016, debido a la juramentación de tres diputados opositores acusados de fraude electoral.
– "Elecciones generales" –
Fortalecida por la presión internacional sobre el gobierno, la oposición reactivó este sábado sus manifestaciones.
Un millar de personas asistieron a una sesión parlamentaria de la mayoría opositora en una plaza de Caracas, donde exigieron comicios.
"Elecciones generales, nada de diálogo. Ellos violaron la Constitución tratando de anular el Parlamento y ahora se echan para atrás, pero seguimos en dictadura", dijo a la AFP Eugenia Salazar, jubilada de 67 años.
Los manifestantes fueron dispersados con gases lacrimógenos cuando marcharon a la Defensoría del Pueblo para pedir a ese organismo unirse al pronunciamiento de la fiscal.
Maduro recibió a la fiscal Ortega este sábado, pero no trascendieron detalles de la reunión.
Venezuela atraviesa por una grave crisis económica, con escasez de bienes básicos y una inflación que el FMI proyecta en 1.660% al cierre de 2017.
El país sufre además elevadísimos índices de criminalidad, con una tasa de homicidios de 70,1 por cada 100.000 habitantes, según la Fiscalía, casi ocho veces más que la media mundial.
Aludiendo a las críticas de varios gobiernos, Maduro lanzó el viernes una dura advertencia a la oposición.
"Que nadie esté aprovechando esta circunstancia para aventuras, porque la voluntad para enfrentar aventuras golpistas es absoluta y yo llamaría al pueblo a la calle", desafió el presidente, cuya gestión rechazan siete de cada 10 venezolanos, según encuestas.
Maduro denuncia un plan liderado por Estados Unidos y gobiernos de derecha, a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), para derrocarlo.
Pese a ello, reiteró que está dispuesto a reactivar el diálogo que sus adversarios congelaron en diciembre pasado.
Un grupo de 13 países presentó un proyecto de resolución para ser debatido el lunes en el Consejo Permanente de la OEA, a fin de declarar que los fallos del TSJ como "una violación del orden constitucional".
Mientras, los países de Mercosur llamaron este sábado a respetar el cronograma electoral previsto, lo que fue rechazado por la cancillería venezolana por considerarlo una "bufonesca injerencia".
– Destitución de jueces –
La corte también anuló los poderes que había otorgado a Maduro para revisar la legislación sobre delincuencia organizada y terrorismo, justificados en la posible existencia de delitos militares.
Durante la manifestación de este sábado, el diputado Stalin González, jefe de la bancada opositora, propuso iniciar el martes un proceso para destituir a los magistrados del TSJ porque "cometieron delitos penales".
"Es poco factible que se logre porque el mismo tribunal se opondrá y depende de otras instancias del Estado controladas por el oficialismo", dijo a la AFP la analista Francine Jácome.
Las decisiones del TSJ generaron una avalancha de críticas de la comunidad internacional.
En uno de los más duros pronunciamientos, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció un "autogolpe".
Pero Maduro respondió el viernes que "en Venezuela hay plena vigencia de la Constitución, de los derechos civiles y políticos", y se dijo víctima de un "linchamiento diplomático".
Los comicios presidenciales están previstos para diciembre de 2018, mientras los de gobernadores, que debieron realizarse a finales del año pasado, fueron pospuestos y aún no tienen fecha.
Por Alexander MARTINEZ, Alex VASQUEZ
