En un controvertido fallo que, según la oposición, busca darle plenos poderes al presidente Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) resolvió durante la noche del miércoles asumir todas las competencias del Parlamento de Venezuela.
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La sorpresiva sentencia agudizó el conflicto entre los poderes públicos y amenaza con profundizar la crisis en el país sudamericano.
En enero de 2016, y tras una aplastante victoria, la oposición asumió el control del Congreso por primera vez en 17 años.
Desde entonces, el TSJ ha emitido casi medio centenar de sentencias contra las leyes y acuerdos aprobados por el Legislativo y lo ha declarado en desacato. Esto, debido a la juramentación de tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por presunto fraude electoral.
Foto: AFP
Aunque posteriormente la cámara desvinculó a dichos legisladores, la corte considera que el acto no fue formalizado.
Consecuencias
En el fallo, el Tribunal Supremo de Justicia resolvió que, "mientras persista la situación de desacato y de invalidez" de las actuaciones de la Asamblea Nacional, todas y cada una de las competencias parlamentarias serán ejercidas directamente por la Sala Constitucional o por el órgano que esta disponga.
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Esto, según la oposición, significa un paso crucial para otorgar al presidente Maduro amplios poderes y encaminar al país hacia un modelo autoritario.
La sentencia se produjo en momentos en que la Asamblea Nacional investiga una serie de acuerdos tramitados por el gobierno al margen del Legislativo (que por ley debe avalarlos) y que incluyen la creación de cualquier empresa conjunta entre la petrolera estatal venezolana y empresas privadas internacionales.
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El gobierno de Maduro, que enfrenta una escasez de productos básicos y una inflación de tres dígitos, argumenta que los legisladores le impiden aprobar créditos y otras decisiones económicas claves.
"Látigo" internacional
La decisión del Tribunal venezolano generó malestar entre la oposición y también en la comunidad internacional.
Perú fue el primer país en pronunciarse. A través de un comunicado, condenó la decisión al considerar que "constituye una ruptura del orden constitucional y democrático", y en consecuencia decidió retirar de manera definitiva a su embajador.
El propio presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, calificó de "inaceptable" el fallo en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.
La Organización de Estados Americanos (OEA) también denunció la decisión, la cual consideró un "autogolpe de Estado".
Luis Almagro, secretario general de la organización, criticó asimismo que se removiera la inmunidad parlamentaria a los miembros de la Asamblea Nacional (AN).
Estas dos decisiones constituyen "los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia", señaló Almagro en una nota oficial.
El diputado opositor Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, lamentó lo sucedido y afirmó que se está "destruyendo" a Venezuela.
"Ya no se trata de anular todas las actuaciones de la Asamblea Nacional sino de usurpar todas sus competencias permitiendo que puedan aprobar nuevas leyes que le den más poder al dictador (Maduro) para seguir destruyendo a nuestra Venezuela".
El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, coincidió con Guevara y con la OEA, y denunció que un "golpe de Estado" en Venezuela.
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