La administración del presidente Donald Trump publicó este lunes una lista de los inmigrantes acusados o condenados por diferentes delitos, y señaló a las entidades locales que se niegan a colaborar con las autoridades migratorias para impulsar su deportación.
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En conferencia telefónica, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dijeron que la lista forma parte de una orden ejecutiva proclamada por el mandatario el pasado 25 de enero.
"Esta es realmente una campaña de educación para mostrar al pueblo estadounidense lo que hacen nuestros agentes diariamente y para mostrar qué jurisdicciones no cumplen con las normas".
Según el informe, las autoridades migratorias emitieron 3 mil 083 órdenes de detención contra inmigrantes acusados o condenados por crímenes entre el 28 de enero y el 3 de febrero.
De esas 3 mil 083 órdenes, al menos 157 no pudieron ejecutarse debido a la negativa de la policía local de los llamados condados y ciudades "santuario", aquellos donde las autoridades se niegan a informar al Gobierno del estatus migratorio de sus detenidos para evitar su deportación.
Foto: AFP
Las órdenes de detención obligan a las policías locales a notificar lo antes posible a las autoridades migratorias para que los agentes del ICE puedan interrogar al acusado y ponerlo bajo su custodia para iniciar los procesos de deportación.
"Se trata de un tema de seguridad nacional, son arrestados por cargos criminales y, a pesar de que el ICE pide tenerlos bajo custodia, las policías locales no respetan esa petición y ponen en libertad a estos individuos, lo que significa un gran riesgo para nuestras comunidades".
Las autoridades migratorias pusieron de ejemplo a Milton Berrera-López, un guatemalteco que fue puesto en libertad por las autoridades del estado de Filadelfia, a pesar de que el ICE había emitido una orden de detención y el hombre había sido condenado por abuso de menores.
Trump quiere acabar con las denominadas "ciudades santuario" (entre las que se encuentran grandes urbes como Los Ángeles y Nueva York) y ha amenazado con arrebatar fondos federales a las entidades locales que se nieguen a colaborar.
