Tras el atentado de diciembre en Berlín, cometido por un migrante tunecino, el Gobierno de Alemania aprobó un proyecto de ley para acelerar las expulsiones de miles de solicitantes de asilo cuya petición haya sido rechazada.
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Las medidas, que todavía tendrán que recibir el visto bueno del Parlamento, forman parte de un acuerdo de principio cerrado hace dos semanas entre el Gobierno federal y los Estados regionales, responsables de la puesta en marcha de las expulsiones.
A unos meses de las legislativas de septiembre, en las que Angela Merkel tratará de lograr un cuarto mandato consecutivo, la canciller busca mostrar una mayor firmeza ante las críticas, algunas vertidas por correligionarios conservadores, por haber abierto la puerta a más de un millón de migrantes en 2015 y 2016.
El texto prevé acelerar y facilitar los envíos a sus países de origen de aquellos solicitantes de asilo cuya petición no haya prosperado, como era el caso del autor del atentado yihadista con un camión que dejó 12 muertos el 19 de diciembre en Berlín.
La solicitud de asilo del tunecino Anis Amri, de 24 años, había sido denegada, pero no pudo ser expulsado, según Berlín, por la falta de cooperación de las autoridades tunecinas.
"A los que se les deniegue la solicitud de asilo, tendrán que abandonar el país", advirtió el miércoles el ministro de Interior, Thomas de Maizière.
Controversia
Alemania pretende aumentar de cuatro a diez días la duración de la detención de los migrantes a los que se les haya negado el asilo y considerados por la policía como potencialmente peligrosos, antes de ser enviados a sus países.
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Los solicitantes de asilo que mientan sobre su identidad o que incumplan la ley tendrán que afrontar sanciones más severas, como la imposición de una pulsera electrónica.
Otro punto polémico: las autoridades tendrán potestad para acceder a los datos de los celulares de los solicitantes de asilo si dudan sobre su identidad.
Si un migrante llama "90 veces a Sudán y dice que viene de Eritrea, existe una gran posibilidad de que se trate de un sudanés", explicó De Maizière.
"Los celulares y los ordenadores portátiles pertenecen al domino extremadamente sensible de la esfera privada", criticó el partido de la oposición Die Linke (izquierda radical).
Además, las expulsiones, cada vez más numerosas, de afganos (el segundo grupo de solicitantes de asilo en Alemania por detrás de los sirios) también causaron revuelo.
A principios de diciembre, el Gobierno fletó dos vuelos a Kabul con 60 personas en total. Un tercer vuelo con una cincuentena de afganos despegará el miércoles por la noche desde Múnich.
Estas expulsiones dieron lugar a varias manifestaciones en el país y cinco Estados regionales han suspendido los envíos, argumentando el peligro que persiste en Afganistán.
"La situación en Afganistán empeoró claramente el año pasado", con un recrudecimiento de los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los insurgentes islamistas, subrayó el miércoles Markus Beeko, secretario general de Amnistía Internacional en Alemania.
En 2016, 80 mil personas fueron expulsadas de Alemania o dejaron el país voluntariamente, frente a las 50 mil del año anterior.
