Entre lágrimas y airados reclamos de respeto a sus derechos, tres mujeres indígenas de México recibieron el martes una histórica disculpa pública de la fiscalía del país por haberlas encarcelado injustamente hace 11 años, acusándolas del secuestro de seis policías.
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Teresa González, Alberta Alcántara y Jacinta Francisco, pertenecientes a la etnia otomí o hñäñhú, fueron encarceladas en 2006 en el estado de Querétaro, en el centro de México, acusadas de retener por la fuerza al grupo de atléticos agentes federales durante un operativo en un mercado de pueblo.
González y Alcántara fueron sentenciadas a 21 años de prisión por esta causa, aunque las tres fueron liberadas poco más de tres años después por falta de pruebas en su contra y ante la presión ejercida por organizaciones civiles y la prensa.
Este martes, durante un evento público en el Museo de Antropología de la capital mexicana, el procurador general (fiscal federal), Raúl Cervantes, afirmó que el reconocimiento de la inocencia y la disculpa es una obligación "ineludible", pero sobre todo "un acto de justicia y humanidad insoslayable".
"Reconozco públicamente su inocencia respecto de los delitos que se les atribuyeron y por los que de forma injusta fueron privadas de su libertad", subrayó.
Según el relato de Alcántara, agentes federales efectuaron en marzo de 2006 un operativo en el mercado donde laboraba, que provocó molestia y protestas entre los comerciantes. Meses después, fue arrestada en un aparente acto de represalia.
"Pasé humillaciones (…) por ser indígena y pobre. Viví cosas muy difíciles por estar separado de mi familia", dijo con la voz ahogada por el llanto.
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"Les quisieron arrancar la vida"
El acto de desagravio se efectuó en cumplimiento de una sentencia judicial "inapelable" que determinó que la fiscalía debía reparar los daños económicos y morales de las indígenas y difundir en medios de comunicación la inocencia de las afectadas.
"Hoy por fin la Procuraduría General de la República reconoce de manera forzada, no por voluntad, que el caso citado fue un error", afirmó Estela Hernández, hija de Jacinta Francisco, en medio de vítores de muchos de los asistentes al evento.
Jacinta, por su parte, recordó que su encierro de tres años y dos meses la llevó a perder tiempo valioso con sus hijos, uno de los cuales murió apenas cinco meses después de que fue liberada.
Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que asumió su defensa legal, destacó que honrar sus testimonios y darles la razón es "el mínimo" que el Estado mexicano les debe de garantizar en retribución.
"Hoy que se reconoce públicamente su inocencia, celebramos también que aunque autoridades corruptas les quisieron arrancar la vida, no lo lograron", afirmó el activista.
Patrón reconoció también que el ofrecimiento de disculpas de la fiscalía "es un avance en el rumbo indicado", en un país golpeado por altos niveles de impunidad, así como por las decenas de miles de muertos y desaparecidos generados desde finales de 2006, cuando se inició una ofensiva militar contra el crimen organizado.
A su turno, Teresa González, aseguró que la disculpa pública "es una gran victoria porque cierra 11 años de lucha" y llamó a otras víctimas a no quedarse calladas "hasta que las autoridades las escuchen y que la sociedad sepa la verdad".
