Varios diputados han criticado que la terminal inicie operaciones debido a que fue otorgada en un proceso anómalo, el cual fue investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP).
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Además, sindicalistas y trabajadores de la Empresa Portuaria Quetzal protestaron por la decisión del interventor como personal de la empresa neerlandesa APM Terminals, que operará dicha construcción.
Según la investigación señaló que los accionistas de la Terminal de Contenedores de Barcelona entregaron alrededor de US$24.5 millones para el expresidente Otto Pérez y la exvicemandataria Roxana Baldetti.
El interventor ha resaltado que de no iniciar el funcionamiento de la terminal será difícil la recuperación económica, pues no genera ingresos para pagar los préstamos que hay con entidades financieras internacionales.
En noviembre el Ejecutivo entregó una iniciativa de ley al Congreso para que se entregue en concesión directa las 34 hectáreas a APM Terminals por 25 años; no obstante, la Contraloría General de Cuentas, ha hecho un llamado a los diputados para no aprobar esa propuesta, pues hay otras empresas interesadas, por lo que recomendó realizar una licitación abierta.
La terminal marítima recibió alrededor de nueve permisos por instituciones gubernamentales, entre ellos el de la municipalidad del Puerto San José y de la Superintendencia de Administración Tributaria.
