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La reacción del expresidente Otto Pérez ante revés judicial en el caso La Línea

El 20 de febrero de 2017 volverá el caso cuando el juez informe acerca de una acción de inconstitucionalidad.

Miguel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, rechazó la intención del encarcelado expresidente Otto Pérez Molina para la modificar los delitos por su vinculación en el caso de defraudación aduanera denominado La Línea.

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“A criterio de esta judicatura se mantienen los delitos”, resolvió el juez durante una audiencia de revisión que suspendió la audiencia intermedia que sumaba siete audiencias y señalamientos a 24 de los 32 implicados.

“Lo ideal es analizar los delitos en la fase intermedia, lamentablemente ya habíamos iniciado la audiencia. Este proceso ya está muy avanzado y no es prudente”, añadió.

El militar retirado que renunció al cargo de presidente el 1 de septiembre de 2015 luego que el Congreso le retirara la inmunidad seguirá procesado por asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

Gálvez analizó durante dos horas su resolución y recordó las escuchas telefónicas que iniciaron la investigación de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en mayo de 2014. “En una estructura criminal no hay necesidad que todos se conozcan”, explicó el juez.

El miércoles fue suspendido el desarrollo de la audiencia intermedia debido a que la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, que preside Anabella Cardona, amparó al exgobernante y le ordenó al juez realizar una audiencia para escuchar sus argumentos para cambiarle los delitos.

“El juez en toda su argumentación en ningún momento habló el por qué estoy vinculado a los delitos. Habló de las personas que están en la organización, habló de Juan Carlos Monzón, habló de 'Eco' (empresario Salvador González), pero no habló de mí”, se refirió el expresidente quien adelantó acciones en rechazo a la decisión del juez.

 

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Inconstitucionalidad para el lunes

El 20 de febrero de 2017 volverá el caso cuando el juez informe acerca de una acción de inconstitucionalidad que interpuso Pérez Molina. Se trata de su petición para recuperar su libertad debido a que “ha transcurrido más de un año” sin que se sepa si enfrentará juicio.

 

 

 

 

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