El gobierno independentista de Cataluña calificó este jueves de "muy graves" las amenazas de Madrid, recogidas en la prensa, de precintar los colegios electorales de esta región para impedir un referéndum de autodeterminación previsto para septiembre y que podría adelantar.
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"Esta amenaza es muy grave y afecta al sentido más puro de la democracia: precintar colegios electorales", aseguró la portavoz Neus Munté, a la radio regional RAC1.
Su ejecutivo, presidido por el independentista Carles Puigdemont y apoyado por una mayoría del parlamento regional, prevé celebrar un referéndum de autodeterminación en septiembre de este año que el Tribunal Constitucional considera ilegal.
En las últimas semanas se han planteado también adelantar la votación a antes del verano como respuesta ante la posible inhabilitación de líderes independentistas perseguidos por desobediencia.
"Es evidente que vivimos circunstancias muy excepcionales (…) y es una posibilidad que se puedan replantear aspectos de este calendario", dijo Munté esta semana.
El gobierno conservador de Mariano Rajoy asegura una y otra vez que no permitirá que se vulnere la ley y, según aparece este jueves en la prensa del país, ya tiene planeada la manera de evitarlo.
Según estas informaciones, Rajoy prevé intervenir el departamento de Educación del gobierno catalán para precintar las escuelas públicas donde deben colocarse los colegios electorales o tomar el control de la policía regional catalana, dependiente del ejecutivo regional.
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"A cada paso que se dé, el Gobierno de España dará otro para hacer que se cumpla la legalidad", dijo el miércoles el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez.
Desde Barcelona no lanzan la toalla. "No se pueden poner precintos a la democracia", dijo Munté, advirtiendo que si impiden la apertura de los colegios, la votación puede realizarse en otros locales públicos.
Tras un amago de acercamiento entre ambos ejecutivos, con llamadas mutuas al diálogo, la tensión se volvió a disparar en la última semana con las declaraciones de un senador independentista asegurando que el gobierno catalán estaba "vulnerando la ley" para obtener los datos fiscales de los ciudadanos y poder crear una administración de Hacienda independiente.