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Honduras: reporte vincula gobierno con muerte de activistas

La organización no gubernamental Global Witness publicó el martes un reporte que vincula a hombres de negocios y políticos de Honduras con actos violentos ejercidos sobre activistas.

La organización no gubernamental Global Witness publicó el martes un reporte que vincula a hombres de negocios y políticos de Honduras con actos violentos ejercidos sobre activistas.

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El documento emitido por la organización basada en Londres dice que varias docenas de hondureños que tienen lazos con el gobierno, la milicia y la industria están implicados en los ataques y actos de corrupción.

"Los beneficiarios de la corrupción son las élites políticas y empresariales, que usan medios delictivos para sacar provecho de la riqueza natural del país y, con el apoyo de fuerzas estatales, aterrorizan y asesinan a los que se atreven a interponerse en su camino", dijo Billy Kyte, director de Incidencia de Global Witness durante una rueda de prensa en Tegucigalpa.

La oficina de la presidencia dijo que emitiría una respuesta más tarde.

De acuerdo con Global Witness, Honduras es el país más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente y los derechos humanos, con más de 120 activistas asesinados en los últimos siete años.

Eso incluye la muerte de Berta Cáceres el año pasado, quien recibió el Premio Medioambiental Goldman por las protestas que encabezó en oposición a un proyecto hidroeléctrico en la tierra de sus ancestros. Cáceres murió asesinada en marzo de 2016 a manos de sicarios que entraron a su casa en medio de la noche.

"Nuestras investigaciones demuestran que los crímenes a defensores de derechos humanos y el medioambiente son un mal endémico que arrasa el país y está arraigado en la corrupción y la impunidad", dijo Kyte.

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El reporte llama a Estados Unidos a revisar "urgentemente" su apoyo a la industria, el ejército y la policía de Honduras por su implicación en la violencia ejercida contra el ambiente y los activistas. Global Witness también urgió a la Unión Europea y a organizaciones financieras internacionales a que reconsideren sus respaldos financieros.

Ben Leather, encargado de Incidencia de la organización, calificó de "cómplice" a la comunidad internacional en la degradación de los derechos humanos en Honduras.

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